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Poder y ciudadanía en el combate a la pobreza

El caso de Progresa/Oportunidades de México

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Felipe J. Hevia

Los programas de transferencias condicionadas en efectivo (Condicional Cash Transfers Programs) son una de las estrategias más populares y conocidas de combate a la pobreza en el mundo. Sin embargo, a más de una década de implementación, sus impactos en las relaciones de poder siguen sin ser claros.
¿Modifican los patrones asistenciales y clientelares predominantes en la política social de América Latina? ¿Colaboran en la construcción de ciudadanos autónomos con capacidades para acceder y ampliar sus derechos? ¿Disminuyen las desigualdades de poder entre autoridades y pobres? ¿Promueven la cohesión e integración social?
A partir del programa Progresa/Oportunidades de México, el autor desarrolla una rigurosa investigación que combina etnografía institucional con análisis de interfaces, y ofrece respuestas a estas preguntas, cuestionando el consenso existente en torno al Programa. Esto le permite discutir el devenir de la política social, la importancia del diseño institucional y de la implementación de las políticas, y los procesos de construcción ciudadana en contextos de desigualdad.

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CAPÍTULO 2 Nuevas y viejas relaciones entre los pobres y el gobierno. Diseño del Programa Oportunidades 59

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59 CAPÍTULO 2 Nuevas y viejas relaciones entre los pobres y el gobierno Diseño del Programa Oportunidades Los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas tal co- mo se conocen en el mundo se implementaron en México en 1997 con la puesta en marcha del Progresa –Programa de Alimentación, Educa- ción y Salud– que continúa en la actualidad con el nombre de Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.1 Progresa fue la respuesta ante el incremento dramático de la pobreza extrema generada en la crisis económica y política de 1995, y de la necesidad de diferenciarse del saliente y desacreditado presidente Carlos Salinas de Gortari (1989- 1994) y su programa paradigmático, el Programa Nacional de Solidari- dad –Pronasol. Cuando se implementó el programa en la administración de Ernesto Zedillo (1995-2000), además de los argumentos técnicos, como mayor eficiencia por focalización de los recursos; la regresión e inequidad de ciertos subsidios generalizados que privilegiaban a las clases medias urbanas en desmedro de los pobres rurales; la necesidad de complemen- tar acciones de salud, alimentación y educación; y los resultados de impacto exitosos identificados por instituciones externas,2 hubo también argumentos políticos, en el sentido de cambiar los vicios tradicionales de la política social en México, en particular el uso político electoral y la corrupción asociados a ellos, transformando así las tradicionales rela- ciones del gobierno con los pobres. Hasta 2008, el objetivo...

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