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Género en transición

Estudios sobre el papel del derecho en la distribución de recursos para y en el posconflicto colombiano

by Isabel Cristina Jaramillo Sierra (Volume editor)
Monographs VIII, 316 Pages

Table Of Content


Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Names: Jaramillo Sierra, Isabel Cristina, editor.

Sobre el autor

Isabel Cristina Jaramillo Sierra es abogada (1997) de la Universidad de los Andes y doctora S.J.D. (2007) de Harvard Law School. Actualmente es profesora titular en la Universidad de los Andes donde enseña derecho constitucional, teoría jurídica y derecho de familia. Ha publicado varios libros sobre la reforma legal feminista y los efectos distributivos del derecho de familia en América Latina: Mujeres, Cortes y Medios: La reforma judicial del aborto (con Tatiana Alfonso Sierra) (2008); Feminismo y Crítica Jurídica (con Helena Alviar) (2012) y Derecho y Familia en Colombia. Historias de Raza, Sexo y Propiedad (2013).

Sobre el libro

El Acuerdo de Paz suscrito por el gobierno colombiano y las FARC en diciembre de 2016 materializa los esfuerzos locales y transnacionales porque el “género cuente” en la transición. Este libro enriquece el panorama académico reconstruyendo y reflexionando sobre lo que el género ha significado para la construcción de la transición, y sobre lo que la transición ha significado para la construcción del feminismo colombiano. Así, el libro hace tres aportes al debate sobre el género en la transición. En primer lugar, el libro proporciona datos recientes de lo que “les ha pasado de verdad” a las mujeres en los procesos de investigación, reparación y judicialización de los crímenes de los que fueron víctimas. En segundo lugar, el libro aporta herramientas teóricas para pensar los desencuentros entre el discurso de la transición, o la transición deseada, y la realidad de la transición para las mujeres. Finalmente, el libro recupera la voz de las mujeres en estos procesos, tanto en cuanto constructoras de las negociaciones, como en cuanto contradictoras, narradoras y productoras. Una cosa es el fracaso de esquemas que finalmente no podemos reivindicar completamente como propios pues siempre representan compromisos entre distintos puntos de vista. Otra cosa distinta es que no estemos intentando transformar las realidades en las que vivimos. Este mismo libro es testimonio de las voces de las mujeres en la academia colombiana. Los equipos de violentólogos colombianos han tenido pocas mujeres en sus filas hasta ahora. Este es un libro escrito en su totalidad por mujeres académicas, profesoras de tiempo completo, trabajando en red para resignificar los relatos masculinos.

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Tabla de contenido

Lista de tablas y gráficas

Introducción: aportes a los debates feministas de la transición

Isabel Cristina Jaramillo Sierra

PARTE I.El nuevo posconflicto colombiano: los Acuerdos entre las FARC y el Gobierno Colombiano en 2016

1. El género en el Acuerdo de Paz de la Habana (APH)

Isabel Cristina Jaramillo Sierra

2. La lucha por el género en la paz

Helena Alviar García

3. Pactantes y no pactadas: mujeres en el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP (2012–2016)

Olga Patricia Velásquez Ocampo

4. A las mujeres también las están matando y no sabemos muy bien por qué: el asesinato de lideresas sociales en el pos-Acuerdo de Paz en Colombia

Carolina Vergel Tovar

PARTE II.Efectos distributivos de las reformas de la Transición (2005–2018)

5. Socias invisibles, amas de casa por siempre: análisis feminista de la sociedad de hecho en el concubinato

Lina María Céspedes-Báez & Clara Carolina Cardozo Roa

6. ¿Mujeres en deuda? Feminismo y microendeudamiento en la transición en Colombia

María Carolina Olarte Olarte

7. Contra-poderes: mujeres, atajos y resistencias en Bellavista-Bojayá

Lina Fernanda Buchely Ibarra

8. El arte de alabar en contextos donde no es posible la vida: el caso de las alabadoras de Pogue-Bojayá, Chocó

Lina Marcela Mosquera Lemus

9. Crítica feminista al análisis de contextos y patrones de macrocriminalidad: consideraciones distributivas frente al esclarecimiento de la verdad judicial en la justicia transicional colombiana

Suayán Barón Melgarejo & Laura Alexandra Castro González

Sobre las autoras

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Introducción: aportes a los debates feministas de la transición

Isabel Cristina Jaramillo Sierra

El acuerdo de paz suscrito por el gobierno colombiano y las FARC en diciembre de 2016, materializa los esfuerzos locales y transnacionales porque el “género cuente” en la transición. Este libro enriquece el panorama académico reconstruyendo y reflexionando sobre lo que el género ha significado para la construcción de la transición y sobre lo que la transición ha significado para la construcción del feminismo colombiano.

Feminismo y transición en Colombia

El campo de la justicia transicional es prolífico y ha recibido bien los argumentos de las mujeres. Siguiendo a Ruti Teitel, puede ubicarse su surgimiento en los estudios sobre las transiciones en el Cono Sur1 y con Christine Bell y Catherine O’Rourke puede rastrearse el problema “de las mujeres” desde muy temprano en esa trayectoria.2 Qué es exactamente una transición y a qué deben aspirar las mujeres ha sido intensamente debatido prácticamente por el mismo tiempo. Así, dentro de la academia colombiana pueden identificarse al menos tres posturas distintas sobre la transición: una liberal, una revisionista y una crítica. La primera sería la dominante en la transición actual y demandaría una comprensión del conflicto armado como una ocurrencia aislada, “anormal,” en medio de una cotidianidad marcada por el respeto de los derechos humanos y la seguridad ciudadana. En esta versión, los derechos fundamentales proveen el vocabulario para discutir la transición y si bien hay lugar a reparaciones e indemnizaciones, no se prevé el cambio estructural. La visión revisionista, por su parte, niega la existencia de un conflicto armado y señala que los grupos armados no son más que criminales con intereses económicos que quieren disfrazar para un mayor provecho. Finalmente, la visión crítica ←1 | 2→de las transiciones ve la violencia como parte de procesos estructurales que no pueden remediarse con reparaciones e indemnizaciones sino que exigen cambios profundos, incluso culturales, y de largo plazo. Esta visión de la transición dominó entre 1980 y 2000. Sigue siendo importante en el trabajo de grupos como el de Memoria Histórica y el Programa de Aproximaciones Críticas a las Transiciones (Universidad de los Andes).3

Las feministas colombianas, así mismo, han tenido profundos desacuerdos sobre su lugar en las transiciones y su mirada de las transiciones. De un lado se encuentran grupos e individuos con una posición liberal, empeñados en encontrar el “principal” daño causado a las mujeres y enfáticos en que la violencia sexual es la manera “especial” en la que se daña a las mujeres en los enfrentamientos armados.4 Aquí el énfasis es en el daño individual y en la justicia correctiva: encontrar al culpable, probar los hechos, asignar un castigo y lograr la reparación de la víctima son las principales tareas que asumen en relación con las mujeres que se han visto involucradas en el conflicto armado. Entre las académicas liberales, el trabajo más importante ha sido articular una doctrina de la violencia sexual en el conflicto armado que responda a los criterios más estrictos de derechos humanos y sea coherente con toda la legislación internacional sobre la materia.5

En paralelo a estas feministas es posible discernir una postura liberal “táctica” que, al tiempo que cuestiona el paradigma liberal por su individualismo y por su énfasis en el pasado, acepta que las transiciones generan oportunidades políticas y posibilidades de redistribución de recursos que no deben ser desaprovechadas por las mujeres. En este grupo se podría incluir el trabajo de la Casa de la Mujer, que se empeñó por mucho tiempo en cuestionar y rechazar cualquier participación en el proceso de paz que adelantó el gobierno de Uribe con los grupos de paramilitares.6 Pero apoyaron a las mujeres que buscaron denunciar el sesgo judicial y administrativo en el tratamiento de las mujeres víctimas del conflicto armado.7 También han buscado recuperar las voces de las mujeres sobre la paz y lo que está involucrado en la superación del conflicto.8 En el trabajo académico destacan las posturas de Lina Céspedes y María Victoria Uribe. Estas autoras han tejido, con filigrana, críticas a la simplificación de las violencias, sin renunciar al reclamo de que sean atendidas y superadas como eventos “excepcionales.” El trabajo de Lina Céspedes se ha centrado en mostrar la importancia de la propiedad en la comprensión del “daño” que se les causa a las mujeres y en ampliar el concepto de “conflicto” para que cubra más allá de los ataques concretos a todo el tiempo de la ocupación. María Victoria Uribe, por su parte, ha delineado la continuidad de la experiencia de las mujeres, enfatizando cómo la violencia sexual no es ←2 | 3→“aparte” o “excepcional” sino “normal” en la vida de las mujeres, pero atroz e irredimible.9

Helena Alviar y yo misma hemos defendido una postura crítica frente a la transición. En nuestro libro Feminismo y Crítica Jurídica, mostramos que el énfasis en la violencia sexual como principal daño de las mujeres no es solamente problemático porque no deja ver los otros daños que sufren las mujeres, sino porque distorsiona la comprensión que el feminismo tiene sobre la violencia sexual.10 En efecto, en lugar de la mirada estructural sobre la violencia sexual y la batalla por visibilizar la sexualización de la cotidianidad y las agresiones de los conocidos, la violencia sexual como excepcional en la transición reinstala la idea de que la violencia sexual es un hecho marginal en la vida de las mujeres. En un escrito más reciente, explico cómo esta postura ha sido abandonada a favor de una en la que se acepta que la victimización de las mujeres en el conflicto es compleja e incluye el destierro, la persecución política y el homicidio, además de muchas formas de violencia de género y violencia sexual.11 La nueva visión, sin embargo, sigue insistiendo que la guerra es lo “peor” que les puede pasar a las mujeres y que a las mujeres les va “peor.” Ambas ideas pueden criticarse fácilmente con cifras de victimización. Es problemático no “tomarse un descanso” del feminismo cuando se trata de discutir el conflicto armado, concluyo.

Aportes feministas a la transición

Este libro enriquece el debate feminista de la transición de varias maneras. Un primer aporte del libro es que proporciona datos recientes de lo que “les ha pasado de verdad” a las mujeres en los procesos de investigación, reparación y judicialización de los crímenes de los que fueron víctimas. Una parte de lo que los capítulos muestran en este sentido es que ha habido innovación institucional y mucha “productividad” e imaginación en la formulación de soluciones. El capítulo de Carolina Vergel, por ejemplo, muestra que el Estado ha respondido a la situación de indefensión de los líderes sociales con una “cascada normativa” y la creación de organismos y grupos con encargos especiales. Las mujeres y sus organizaciones, igualmente, han formulado propuestas para una protección integral. El capítulo de Suayan Barón y Laura Castro, por su parte, muestran cómo la judicialización de los casos de violencia sexual ha implicado trabajar en la elaboración de complejos “contextos” que expliquen cómo ocurrió y cómo fue posible la victimización de las mujeres. El capítulo de Lina Mosquera sobre los alabaos de las cantadoras de Pogue, nos muestra cómo la comunidad entra en conversación con el estado a través de mecanismos modernos y tradicionales para hacerle “saber” las restricciones de ←3 | 4→las lógicas indemnizatorias con las que viene operando. El capítulo de Lina Buchely, por su parte, revela cómo las mujeres de Bojayá se han organizado para distribuir los escasísimos recursos asignados por el estado a través de juegos que no solamente las entretienen, sino que les permiten reconstruir el tejido social destrozado por la práctica “reparatoria” del estado. Finalmente, el capítulo de Carolina Olarte revela la manera en la que el estado colombiano ha acudido a los microcréditos como forma de reparación de las víctimas, y de las víctimas mujeres en particular. Los capítulos también muestran, sin embargo, que las mujeres siguen obteniendo poco de estos arreglos e innovaciones: los programas propuestos por las mujeres no se adoptan nunca, los fiscales deciden no incluir la violencia sexual dentro de los delitos priorizados, las cantaoras no logran cambiar la lógica indemnizatoria del estado, los recursos de Bojayá nunca son suficientes para que todas las mujeres superen sus necesidades de subsistencia y puedan hacer comunidad, los microcréditos terminan empobreciendo más a las mujeres.

En este mismo sentido de evidenciar lo que ha pasado, también es relevante el llamado de atención de Vergel sobre las dificultades y tensiones en la producción de datos. Esta misma autora muestra cómo distintas organizaciones y conjuntos de organizaciones mapean las muertes de líderes sociales, las diferencias en las cifras de varias organizaciones, pero también los costos políticos de estas diferencias e indeterminaciones. La autora también muestra que a pesar de todas las cifras que existen, tantas que hay incluso contradicciones entre ellas, hay muchas cifras que no existen: el lugar específico de la persona dentro de la organización, sus tareas, las razones de las amenazas, entre otras.

Un segundo aporte del libro es que apunta a proporcionar herramientas para entender estos fracasos o disonancias. Hay cuatro hipótesis importantes, en mi opinión. La primera, es que la manera en la que se imagina la equidad de género determina las posibilidades de transformación implícitas en una política, ley o programa. En este sentido el texto de Alviar sobre los Acuerdos de Paz con las FARC muestra cómo la idea de la mujer como reproductora, cuidadora y madre subyace a buena parte de las cláusulas de género y limita sus posibilidades emancipatorias. El texto de Isabel Cristina Jaramillo, por su parte, refiriéndose también a los Acuerdos de Paz con las FARC, muestra concretamente cuáles y cuántas medidas se limitaron a usar lenguaje incluyente, cuáles implicaron “añadir a las mujeres” a medidas pensadas para los hombres y cuáles podrían ser reivindicadas como propiamente feministas. El texto de Vergel explica que las dimensiones propias del liderazgo femenino han estado ausentes en la respuesta estatal a las amenazas y atentados que sufren las mujeres. El texto de Mosquera insiste en que la mirada de los burócratas ←4 | 5→“blancos” reiteradamente construye mal y entiende mal el punto de vista de las comunidades afro con las que interactúa al reducir sus formas de comunicación a “folclor.” El texto de Olarte, finalmente, sugiere que la idea de que las mujeres son buenas ahorrando y pagando termina resultando muy costosa para las víctimas, a quienes finalmente se les prometen pagos, pero solamente se les dan créditos.

La segunda hipótesis es que las innovaciones institucionales necesitan leerse en el contexto de otras normas, políticas y programas con objetivos políticos distintos. Así, en el caso de la violencia sexual, por ejemplo, la promesa de la judicialización de los casos de la violencia sexual a la que muchos invirtieron mucho tiempo y recursos, como lo muestran Barón y Castro, termina derrotada por la imperiosa necesidad de “priorizar” los delitos con penas más graves. El texto de Lina Céspedes y Clara Cardozo, por su parte, ponen en evidencia el papel de las normas del derecho de familia, y en particular las relacionadas con la informalidad marital, juega en la estructuración de la propiedad en el conflicto y el posconflicto. El texto de Mosquera enfatiza cómo se entrelazan el contexto de racismo y el pasado de sometimiento esclavo con las narrativas del posconflicto y cómo no es posible entender estas últimas sin tener en cuenta los primeros. Olarte también presta atención al asunto de las reglas de fondo al resaltar los efectos que tienen sobre las políticas de microcrédito para las mujeres en el posconflicto las políticas sobre uso y explotación de recursos naturales y sobre violencia contra las mujeres. La continuada expropiación del campesinado y la indefensión de las mujeres son relevantes para predecir las posibilidades de “empoderamiento” de las mujeres que están recibiendo ayudas financieras en estos momentos.

La tercera hipótesis es que, a pesar de la insistencia en la transición, las continuidades parecen ser más que las anunciadas. Una manera importante en la que esta continuidad ocurre, sugieren varios de los artículos, es en la indefinición entre “transiciones.” Es decir, el posconflicto urdido en relación con los grupos paramilitares sigue en curso mientras imaginamos e implementamos el posconflicto que pertenece a las negociaciones con las FARC. Las mujeres de Bojayá, afectadas por un atentado de las FARC, empezaron su proceso antes de que la negociación misma hubiera terminado. Las cantaoras tejen el presente de exclusión y muerte con el pasado de esclavitud y sometimiento. Las organizaciones de mujeres insisten en que la violencia sexual no es “nueva” y que es urgente priorizarla. Otra manera en la que se inscribe la continuidad es a través del “recicle” de ideas de transiciones pasadas en las negociaciones con las FARC. Como lo indica Alviar, no se superan en las propuestas los puntos de vida desgastados de reformas intentadas en décadas anteriores. Jaramillo, aunque más optimista, muestra también que el nuevo ←5 | 6→género es casi siempre una reiteración de estrategias fracasadas en proyectos de desarrollo.

La cuarta y última hipótesis es que no se escucha suficiente a las mujeres. En esta dirección, el texto de Vergel muestra que las organizaciones de mujeres han dedicado tiempo y recursos a diseñar estrategias que consideran ajustadas a sus necesidades y restricciones, pero no han sido tenidas en cuenta por las autoridades competentes. El texto de Jaramillo también revela que varias de las propuestas de las mujeres se perdieron entre el primer y segundo acuerdo o acuerdo definitivo con las FARC. El texto de Barón y Castro muestra que los ejercicios elaborados por las organizaciones de mujeres, si bien fueron recogidos en un primer momento, fueron dejados de lado ante la necesidad de priorizar.

El tercer aporte que hacemos es el de recuperar la voz de las mujeres en estos procesos, tanto en cuanto constructoras de las negociaciones, como en cuanto contradictoras, narradoras y productoras. Una cosa es el fracaso de esquemas que finalmente no podemos reivindicar completamente como propios pues siempre representan compromisos entre distintos puntos de vista. Otra cosa distinta es que no estemos intentando transformar las realidades en las que vivimos. Así, el artículo de Olga Velásquez muestra que en las negociaciones de la Habana la preocupación por el género estuvo presente desde muy temprano en los esfuerzos de Elena Ambrosi y Lucia Jaramillo, y recibió el apoyo entusiasta de expertas y organizaciones de mujeres que viajaron varias veces a la Habana. Mosquera relata cómo las cantaoras han insertado en el proceso de posconflicto las posibilidades del duelo cultural, haciendo con sus alabaos que sea posible imaginarse otra vez el vivir sabroso. Barón y Castro relatan cómo las organizaciones de mujeres han aprendido rápidamente a trabajar dentro de los nuevos esquemas de investigación y acusación, produciendo información y narraciones que la hacen comprensible. Jaramillo explica las maneras en las que distintas posiciones feministas y comprensiones sobre el conflicto se tejieron en el Acuerdo de Paz de la Habana.

Este mismo libro es testimonio de las voces de las mujeres en la academia colombiana. Los equipos de violentólogos colombianos han tenido pocas mujeres en sus filas hasta ahora. Este es un libro escrito en su totalidad por mujeres académicas, profesoras de tiempo completo, trabajando en red para resignificar los relatos masculinos y poner en circulación ideas que de muchas maneras ya estaban presentes en los trabajos de quienes nos precedieron, en la academia y en el activismo, pero que necesitaban ser presentadas con el énfasis y la dignidad de las ideas nuevas y la corroboración metodológica y teórica que nos da pertenecer a comunidades epistémicas institucionalizadas en las universidades.

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Conclusiones

Si bien este libro ya muestra un campo de investigación y reflexión consolidado, también delinea proyectos por materializar e investigaciones por hacer. En un sentido general, el libro apuesta a una mirada feminista que es estratégica y que se hace consciente de sus propios límites. De esta manera, constituye una invitación a las feministas a preguntarse por los alcances de sus marcos teóricos, por su confianza en el Estado y su apuesta por la retórica de la transición. En concreto, el libro invita a apoyar las propuestas que han resultado de largos caminos de reflexión de las mujeres y las organizaciones. Así, el libro propone un mapa de ruta para leer el Acuerdo de la Habana en clave de género y para demandar su aplicación, a pesar de todas las opiniones en contra. El libro también explica cómo las mujeres se han organizado para proponer estrategias contra su victimización y sugiere que estas estrategias tengan prioridad en la respuesta institucional. En materia de propiedad y acceso a la justicia, el libro sugiere que se tomen en serio las propuestas de las mujeres sobre cómo establecer la propiedad y cómo investigar los delitos.

La mayoría de los capítulos sugieren también investigaciones que deberíamos abordar para no perderle la pista a algunas de las tensiones anunciadas. En los textos sobre el Acuerdo de la Habana hay una insistencia en monitorear y vigilar lo que quedo escrito para presionar la materialización de las promesas anunciadas, así como para entender las limitaciones de este tipo de negociaciones. En el capítulo de Vergel, de otro lado, hay una invitación a aclarar y mejorar la calidad de las cifras sobre líderes sociales muertos. La autora enfatiza que sin una caracterización adecuada de los casos los intentos de prevención y protección están destinados a fracasar. El trabajo de Céspedes y Cardozo demanda que miremos los datos de la propiedad de las mujeres en la transición a través del lente de su situación familiar: ¿eran esposas o compañeras? ¿Cuándo y por qué importa esto? Su capítulo ilustra el argumento general sobre el efecto del estado civil sobre la propiedad, pero queda la duda de cuán relevante fue esto en la transición. El trabajo de Olarte, de otro lado, expresa preocupaciones de muchos estilos en relación con la administración de los recursos en el posconflicto y especialmente sobre la bancarización de las mujeres. Estas preocupaciones se basan en la experiencia de otros países, pero definitivamente necesitan corroborarse para el caso colombiano. No solamente es nuestro contexto distinto, sino que hay variaciones en los programas implementados.

Hay menos claridad de las autoras sobre el manejo adecuado o posible de las diferencias de clase, raza y opinión política entre las mujeres, aunque hay consenso en la importancia de elevar estos cuestionamientos así sea para ←7 | 8→la pausa reflexiva que exige la academia y para tener la humildad de entender que causamos daño con nuestras buenas intenciones. Buchely, en este sentido, trabaja para hacer visible la resistencia de las víctimas de Bojayá frente a las explotaciones y empobrecimientos que las rodean, incluso frente a sus propias parodias de victimización para permanecer como merecedoras de recursos que otros no tienen. Mostrar la humanidad que subyace a estos esfuerzos por arrebatarle su dignidad es clave, pero no necesariamente suficiente. Su capacidad para resistir no puede ser razón y excusa para no hacer más. El capítulo de Mosquera también termina con una reivindicación de la agencia afro en la definición de las reparaciones y fundaciones a las que tienen derecho las poblaciones que han padecido el conflicto, y una celebración de las formas artísticas que acompañan los procesos. Aunque también incluye una cita de Agustín Lao sobre lo que implicaría una reparación en términos afro, con seis puntos que incluyen un reconocimiento del racismo y avances hacia la igualdad racial, no es claro cómo el quehacer de las mujeres en los alabaos y su relación con el dolor y el futuro tiene lugar en la nueva justicia social. El texto de Alviar es igualmente enigmático, aunque inspirador, al revelar la permanencia de las diferencias políticas entre mujeres: ¿por qué insistir en mostrar los desacuerdos, parálisis y estancamientos de las mismas feministas frente al poder? ¿Cuál es la alternativa que nos liberaría de las contradicciones? ¿Deberíamos detenernos más en ellas?

Termino esta breve introducción con agradecimientos a las autoras que se animaron a hacer parte de esta travesía. Este libro empezó como una conversación entre académicas y activistas del movimiento de mujeres en torno a las frustraciones de los conceptos existentes y las ausencias en las literaturas. Algunas no llegaron a escribir sus textos, abrumadas por las urgencias de la cotidianidad, incluyendo las que impone la enfermedad y la inestabilidad laboral. Entre ellas estuvieron Zully Moreno, Lina Moreno, Katherine Romero y Alexandra Quintero. Sus reflexiones fueron fundamentales para el libro que presentamos aquí, tanto como para forjar las amistades y complicidades que nos acompañan cuando pensamos este tema. Personalmente espero que los y las lectoras de este libro lo disfruten tanto como yo he disfrutado las largas horas de reflexión que lo precedieron.

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Notas

  1. Ruti G. Teitel, Transitional Justice (Oxford: Oxford University Press, 2000).

  2. Christine Bell y Catherine O’Rourke, “Does feminism need a theory of transitional justice?” The International Journal of Transitional Justice 1, no. 1 (Marzo 2007): 23–44, https://doi.org/10.1093/ijtj/ijm002.

  3. Una propuesta completa de estas miradas a la transición en Isabel Cristina Jaramillo Sierra, “Finding and Losing Feminism in Transition,” en Governance Feminism: Notes from the Field, eds. Janet Halley, Prabha Kotiswaran, Hila Shamir y Rachel Rebouché (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2019), 434–478.

  4. Las ONG Humanas y CISMA han liderado el trabajo en este ámbito.

  5. Por ejemplo, el trabajo de María Camila Correa Flórez, “Violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado: crimen de guerra y arma contraria al DIH,” Derecho Penal Contemporáneo, no. 49 (Octubre 2014): 165–194.

  6. María Eugenia Ibarra Melo, “Mujeres, verdad, justicia y reparación en Colombia,” Universitas Humanística, no. 72 (2011), https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2154.

  7. Ibarra, “Mujeres.”

  8. Sus trabajos están disponibles en el sitio web de la organización: https://www.casmujer.com/index.php/publicaciones/.

  9. María Victoria Uribe Alarcón, Hilando Fino (Bogotá: Universidad del Rosario, 2015).

10. Helena Alviar García e Isabel Cristina Jaramillo Sierra, Feminismo y Crítica Jurídica (Bogotá: Universidad de los Andes y Siglo del Hombre, 2013).

11. Jaramillo, “Feminism in Transition.”

Referencias

Alviar García, Helena, e Isabel Cristina Jaramillo Sierra. Feminismo y Crítica Jurídica. Bogotá: Universidad de los Andes y Siglo del Hombre, 2013.

Bell, Christine, y Catherine O’Rourke. “Does feminism need a theory of transitional justice?” The International Journal of Transitional Justice 1, no. 1 (Marzo 2007): 23–44. https://doi.org/10.1093/ijtj/ijm002.

Correa Flórez, María Camila. “Violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado: crimen de guerra y arma contraria al DIH.” Derecho Penal Contemporáneo, no. 49 (Octubre 2014): 165–194.

Ibarra Melo, María Eugenia. “Mujeres, verdad, justicia y reparación en Colombia.” Universitas Humanística, no. 72 (2011): 247–273. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2154.

Jaramillo Sierra, Isabel Cristina. “Finding and Losing Feminism in Transition,” en Governance Feminism: Notes from the Field, editado por Janet Halley, Prabha Kotiswaran, Hila Shamir y Rachel Rebouché, 434–478. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2019.

Teitel, Ruti G. Transitional Justice. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Uribe Alarcón, María Victoria. Hilando Fino. Bogotá: Universidad del Rosario, 2015.

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1. El género en el Acuerdo de Paz de la Habana (APH)

Isabel Cristina Jaramillo Sierra

El acuerdo de paz suscrito por el gobierno colombiano y las FARC en la Habana en el segundo semestre de 2016 respondió a los 20 años de reclamos feministas sobre la inclusión de las mujeres asumiendo explícitamente el enfoque de género como un enfoque transversal al acuerdo, usando lenguaje incluyente en cien de sus artículos, y adoptando más de cien medidas concretas a favor de las mujeres.1 Por la manera en la que se dieron las negociaciones y por la forma en la que se estableció la subcomisión de género, sin embargo, una comprensión cabal de la teoría sobre la opresión que subyace al APH, y consecuentemente, de la utopía que nos imaginamos podría derivarse de acoger lo que promete, no es sencilla.

La subcomisión de género de la mesa de negociaciones se creó, de acuerdo con la información oficial del proceso, el 11 de septiembre de 2014.2 Para ese momento, el gobierno y las FARC ya llevaban un poco más de dos años de negociaciones en los que primó la cautela en las comunicaciones al público, que solamente se enteraba de los avances a través de comunicados oficiales que si bien se publicaban ampliamente, se referían únicamente a los resultados y no hablaban de los procesos.3 Las personas que nombraron en la subcomisión, por otro lado, ni habían hecho parte de las negociaciones ni acreditaron tener formación en género ni haber participado en ninguno de los esfuerzos de las organizaciones de mujeres en relación con la paz y la transición.4 De este modo, la subcomisión de género tuvo que trabajar en tres procesos paralelos: aprender sobre enfoque de género, “devolverse” a revisar lo que ya se había pactado y proponer una estrategia de género para los puntos que faltaban por acordarse. De acuerdo con los comunicados oficiales de la mesa de negociaciones, para el 11 de septiembre de 2014, ya se había llegado a acuerdos en materia de tierras (26 de mayo de 2013), participación ←13 | 14→política (6 de noviembre de 2013) y solución al problema de las drogas ilícitas (16 de mayo de 2014).

La forma en la que quedó plasmado el género en el acuerdo se vio afectada también por el hecho de que uno de los principales argumentos para rechazar las negociaciones en el plebiscito fue la manera en la que se acogió la “ideología de género.”5 De acuerdo con los detractores, el acuerdo modificaba la constitución obligando la equidad de género de maneras que resultaban inadmisibles, como la educación sexual y el matrimonio del mismo sexo. Si bien el gobierno defendió el trabajo de la subcomisión de género haciendo énfasis en la distinción entre enfoque de género e ideología de género, el acuerdo final se modificó en el sentido de reducir el número de veces que la palabra aparecía en el texto y eliminar algunas medidas inicialmente previstas para cambiar los estereotipos y estigmas de género. De otro lado, se incrementaron los mecanismos de vigilancia del enfoque de género en la implementación al preverse la creación de una Instancia Especial de Género que funcionaría en esta etapa.

Pues bien, este capítulo propone una lectura sistemática del género en el acuerdo de paz que, de una parte, le dé al lector herramientas para utilizar el acuerdo en sus propias batallas y, de otra parte, le permita entender cuáles son los límites del acuerdo. Para esto, el capítulo se divide en tres secciones. La primera sección explica cuáles son las medidas relacionadas con el enfoque de género que se encuentran en el texto del acuerdo y cita las más importantes. La segunda sección propone una interpretación del lugar que ocupan las medidas de género dentro del acuerdo y de lo que cabría esperar que se lograra si se diera una implementación cabal del acuerdo. Aquí señalo que la visión que subyace a buena parte de las medidas es la de “añadir a las mujeres,” por lo que habrá que esperar a que el Acuerdo se implemente para ir pidiendo caso a caso que se cumpla lo que de aquello corresponde a las mujeres. También sugiero que escoger algunas de estas medidas para focalizar los esfuerzos puede ser útil y doy pistas sobre cuáles podrían ser. La tercera sección, a modo de conclusión, discute algunas de las maneras en las que podría utilizarse el acuerdo para avanzar en la agenda de género, en particular, discute el valor normativo del acuerdo de paz a la luz de los debates que se han dado al interior de la Corte Constitucional. Básicamente este capítulo sugiere que una de las grandes pérdidas del plebiscito fue la de quitarle a la ciudadanía la facultad de reclamar el cumplimiento de lo incluido en el APH al señalar que las autoridades solo deben portarse lo mejor posible, “de buena fe,” en relación con lo previsto en el APH. Voy más allá en este punto para indicar dos rutas por las que podría volverse exigible el contenido de género ←14 | 15→del APH, no sin antes advertir la importancia de resolver los dilemas políticos que cualquier reclamo efectivo ante los jueces presupone.

Medidas incluidas en el APH

Para este ejercicio se tuvieron en cuenta 217 medidas de las que se encuentran en el APH, identificadas por el grupo de trabajo GPAZ.6 Estas medidas son de muy diverso tipo y se encuentran distribuidas a lo largo de todo el APH, con un número promedio de 31 medidas por capítulo y un predominio del lenguaje incluyente, que representa 100 de las 217 medidas identificadas (véase Tabla 1.1).

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Tabla 1.1: Clasificación de las medidas incluidas en el acuerdo. Fuente: elaboración propia a partir de las medidas que se encuentran en el APH, identificadas por el grupo de trabajo GPAZ.

Para identificar las medidas se tuvieron en cuenta dos criterios básicos. El primero es que una medida de género puede concretarse en una fracción de un enunciado del acuerdo, sin que la totalidad de la medida sea considerada como una medida de género. Este criterio se relaciona principalmente con el uso del lenguaje incluyente como medida de género, pues más que distribuir recursos para lograr más equidad, el lenguaje se usa la mayoría de las veces para expresar un compromiso de neutralidad y la inclusión de todas las poblaciones afectadas. Un ejemplo de esto sería la afirmación que se hace en la página 13 del acuerdo en relación con la participación como principio en la Reforma Rural Integral: “la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas se adelantarán con la activa participación de las comunidades —hombres y mujeres—.” Como puede verse, el enfatizar que las comunidades están formadas por hombres y mujeres aquí se orienta a expresar un compromiso de inclusión más que a materializar una exigencia concreta en relación con la equidad. El segundo criterio es que una medida de género puede expresarse usando la palabra “género,” pero también refiriéndose a las mujeres o a la población LGBTI. Así, aunque la palabra género solamente aparece 54 veces en todo el cuerpo del acuerdo, las medidas que se incluyen aquí llegan a 217.

Cien medidas de las identificadas fueron medidas de lenguaje incluyente. Se encuentra más de este lenguaje incluyente en los capítulos 1 y 3 (sobre reforma rural integral y participación política), donde hay 21 y 26 casos, y un uso mínimo en el capítulo 6, donde solamente aparece 5 veces. Este lenguaje incluyente implica no solamente referirse a hombres y mujeres como miembros de comunidades, sino también relevar la diferencia sexual entre trabajadores, campesinos, líderes, etc. A diferencia de otras medidas, estas constituyen ellas mismas la realización del enfoque de género en el acuerdo y por eso no demandan medidas adicionales para producir sus efectos.

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En relación con el número de veces que se utiliza, las medidas que consideran a las mujeres como especialmente vulnerables y en necesidad de ser priorizadas o preferidas son las segundas en importancia. Incluyen un número total de 43 medidas, con mayor peso en los capítulos 1 (reforma agraria), 2 (drogas ilícitas) y 5 (fin del conflicto). Las principales medidas de priorización se dan en relación con el acceso a la tierra y a los recursos que se pondrán a disposición de campesinos y campesinas para reducir la pobreza y desigualdad. Estas medidas de priorización y preferencia dependen en su materialización de la diligencia y cuidado con los que se formulen los planes generales de reforma en cuanto no suponen ellas mismas una intervención en el mecanismo social de género sino una recompensa o nivelación de las mujeres.

En tercer lugar, se encuentran las medidas sobre enfoque diferenciado que se refieren a las “necesidades especiales de las mujeres.” Estas medidas son 37 en el conteo de GPAZ. A diferencia de las medidas de priorización y preferencia, estas medidas no asumen un diagnóstico de desigualdad cuantitativa de las mujeres en relación con los hombres, sino que exigen que dicho diagnóstico se haga cuando vayan a adoptarse las medidas para que en ese momento se decida si lo justo es una priorización o no. Podrían entenderse en sentido estricto como mandatos a quienes van a elaborar planes o programas de tener en cuenta la diferencia de las mujeres en cuanto a su vulnerabilidad.

A continuación, se encuentran las medidas sobre igualdad de participación de las mujeres con un total de 20 casos. Es importante resaltar aquí que esta igualdad de participación, si bien no llegó a formularse como una exigencia de paridad, es bastante ambiciosa pues demanda no sólo que se tenga en cuenta en las instituciones políticas que ya existen, sino que se garantice en las instituciones que van a crearse, introduce una institución para vigilar la implementación del enfoque de género en particular, y se refiere al empoderamiento de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil en cuanto actores políticos. Esto es coherente con una mirada que busca no sólo aumentar la presencia de las mujeres en espacios formales, sino también transformar la política para darle espacio a nuevos actores.

Un último conjunto de 17 medidas incluyen las relacionadas con la violencia de género y las dificultades de las mujeres para acceder a la justicia para obtener reparación, la sensibilización de los funcionarios y funcionarias para garantizar dicho acceso y reparación y la investigación académica para comprender la operación del género en las distintas esferas que aborda el acuerdo de paz.

Procedemos al análisis de las medidas agrupadas de esta manera: medidas de protección, medidas de participación y medidas de sensibilización ←17 | 18→frente a la violencia de género y discriminación de las mujeres. Las de investigación académica son solamente dos medidas, luego no ameritan un capítulo aparte: (1) se menciona un diagnóstico del ejercicio del derecho al voto en las poblaciones más vulnerables, incluyendo las mujeres (p. 51); y (2) una investigación sobre la situación de las mujeres involucradas en cultivos ilícitos (p. 127). El uso de lenguaje incluyente tampoco merece en mi opinión un análisis separado. Es obvio para cualquiera que lee el acuerdo en el uso de lenguaje incluyente no obedeció a ningún criterio sistemático. Refleja una aparente negociación entre la importancia de su uso y los costos que para muchos están involucrados en la única solución sistemática que suponen que existe que es la de duplicar los sustantivos y los artículos para hablar del femenino y el masculino. El que en más de cien ocasiones se hubiera usado lenguaje incluyente no es menos importante por esta falta de sistematicidad. Refleja un interés y una conciencia que lamentablemente no lograron aparejarse de conocimiento experto sobre cómo resolver los problemas de los costos del uso del lenguaje incluyente en español.7

Medidas de protección a las mujeres

En línea con la interpretación de las causas históricas del conflicto armado que propuso las FARC, los ejes centrales de redistribución de recursos se articulan en el problema de la reforma rural integral y el fin de los cultivos ilícitos. En los capítulos de mayor interés para el gobierno, fin del conflicto y víctimas, no se prevén medidas especiales para mujeres. Las medidas específicas de protección de las mujeres propuestas por el acuerdo pueden a su vez clasificarse en dos grupos, según lo determinada que aparece la medida en el acuerdo. Así, en un primer grupo podrían incluirse aquellas medidas que ya están definidas en el acuerdo (medidas de realización inmediata), y en un segundo grupo podrían incluirse las que se espera sean incluidas en planes o programas que desarrollen el acuerdo en puntos específicos sin estar aún concretadas (medidas de mandato a los autores de planes y programas) (véase Tabla 1.2)

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Tabla 1.2: Medidas de protección a mujeres. Fuente: elaboración propia a partir de las medidas que se encuentran en el APH, identificadas por el grupo de trabajo GPAZ.

  Medida Página
Medidas de realización inmediata Priorización de mujeres en acceso a subsidio para compra de tierras. p. 15
Priorización de mujeres en planes de adjudicación gratuita y subsidio integral. p. 15
Formación legal a las mujeres en temas agrarios. pp. 17–18
Promover formación profesional de mujeres rurales en áreas no tradicionales. p. 27
Priorización de las mujeres cabeza de familia en planes de vivienda rural. p. 28
Priorización de las mujeres cabeza de familia en la asistencia técnica integral agraria. p. 29
Guarderías infantiles rurales para promover acceso a oportunidades laborales de mujeres que viven en zonas de cultivos ilícitos. p. 113
Medidas de reparación emocional para las víctimas de violencia sexual. p. 181
Medidas de mandato a autores de planes o programas Plan de formalización masiva de la propiedad rural debe tener medidas orientadas a las mujeres. p. 16
Jurisdicción agraria debe diseñarse para reducir barreras de acceso a la justicia de la mujer rural. p. 18
Se deben adoptar medidas específicas para superar la pobreza de las mujeres rurales. p. 24
Se debe adoptar un enfoque diferencial en planes de salud para mujeres rurales. p. 26
Se deben adoptar medidas para el ingreso y permanencia de las mujeres rurales en el sistema educativo p. 27
Plan de comercialización de productos de la economía campesina debe incluir medidas orientadas a mujeres. p. 31
El plan de formalización del empleo rural priorizará la vinculación laboral de mujeres a áreas no tradicionales. p. 32
Se extenderán los programas de protección en la vejez para campesinos teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres adultas mayores. p. 32
Se crearán esquemas de protección al embarazo, parto, lactancia y cuidado de recién nacidos. p. 32←19 | 20→
Sistema de garantía del derecho a la alimentación tendrá en cuenta la contribución de las mujeres rurales. p. 33
Sistema Integral de seguridad incluirá medidas para lograr que se valore positivamente la participación de las mujeres en lo público. p. 38
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política incluirá información desagregada de amenazas a mujeres. p. 40
Sistema de información y monitoreo de garantías en el ejercicio de la política incluirá información desagregada por sexo. p. 41
Programa de protección tendrá enfoque de género Reincorporación de FARC tendrá énfasis en derechos de las mujeres. p. 41
La Comisión nacional de garantías de seguridad pondrá especial atención a la victimización de mujeres en el conflicto. p. 53
La Unidad Especial de Investigación usará el enfoque multidimensional y planes metodológicos especializados para la victimización de mujeres. p. 68
El Cuerpo especial de protección recibirá formación en protección de mujeres. p. 82
Programas de oportunidades laborales para personas dedicadas a cultivos ilícitos tendrán en cuenta diferencia de las mujeres. p. 84 (86)
El Sistema nacional de Atención al Consumidor de Drogas tendrá enfoque de género. p. 91
Acciones de reducción de daño orientadas a mujeres consumidoras tendrán en cuenta la relación del consumo con la violencia de género. p. 113
Medidas afirmativas para mujeres en planes orientados a consumidores. p. 117
El funcionamiento del componente justicia tendrá en cuenta la manera desproporcionada en la que sufrieron las mujeres en el conflicto. p. 118
Productos comunicacionales del mecanismo de monitoreo y seguimiento tendrá enfoque de género. p. 119

No es claro si los mandatos de realización inmediata pueden reclamarse independientemente de que se logre la implementación completa del acuerdo tal y como está planteado. Por una parte, la mayoría de estas medidas son del estilo de “agregarle el género” a planes concebidos y pensados desde una perspectiva masculina. En particular son de este estilo las que suponen la priorización de mujeres en programas concebidos para la población “general.” Por otra parte, parecería que las medidas están pensadas para operar como parte de un todo.

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En cuanto a los mandatos a autores de planes y programas, parecerían quedar en un nivel aún más incierto, especialmente cuando el acuerdo no especifica quiénes diseñarán el plan o programa.

Medidas de participación política

Como se había indicado ya, las medidas de participación política incluidas en el acuerdo son de cuatro tipos (véase Tabla 1.3). Por una parte, están las medidas que exigen que se dé una representación equilibrada a las mujeres en las instituciones formales existentes. En segundo lugar, se encuentran las medidas que suponen incluir mujeres en las instituciones que van a crearse como parte de la implementación de los acuerdos. En tercer lugar, están las medidas encaminadas a fortalecer las organizaciones de la sociedad civil como actores políticos. Finalmente, existen medidas encaminadas a fortalecer la participación de las mujeres en organizaciones de la sociedad civil o espacios comunitarios sin tener que hacerlo necesariamente como organizaciones de mujeres.

Esta inclusión de las mujeres refleja una visión transformadora de la política, en la que lo político desborda la representación y lo formal, pero también desborda el sexo del representante porque se valora no solamente la presencia de mujeres en diversos espacios, sino los esfuerzos históricos que han hecho las mujeres por agenciar sus intereses.

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Tabla 1.3: Medidas de participación. Fuente: elaboración propia a partir de las medidas que se encuentran en el APH, identificadas por el grupo de trabajo GPAZ.

  Medida Página
Representación equitativa en instituciones formales existentes Promover campañas para aumentar participación electoral de las mujeres. p. 51 (53)
Medidas para facilitar acceso de mujeres rurales en planes de cedulación masiva. p. 51
Misión electoral tendrá en cuenta obstáculos de las mujeres para la participación en política. p. 53
Promover liderazgo de mujeres en partidos y movimientos políticos existentes. p. 55
Promover nuevos liderazgos entre mujeres a través de programas de formación en derechos. p. 55
Representación equitativa en instituciones formales a crearse Instancia de alto nivel sobre planificación indicativa de uso de la tierra. p. 18
Comisión para Estatuto de Oposición incluirá partidos y movimientos que cuenten con la participación de mujeres. p. 37
Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia incluirá organizaciones de mujeres. p. 46
Promover la participación de las mujeres en los Consejos Territoriales. p. 49
Circunscripciones especiales para población especialmente afectada por el conflicto incluirá a mujeres. p. 54
La Instancia de Alto nivel para las garantías de seguridad en el ejercicio de la política incluirá a organizaciones de mujeres. p. 88
Las Asambleas Comunitarias de seguimiento a los PNIS contarán con participación efectiva de mujeres. p. 109
Comisión de Verdad incluirá un grupo de trabajo de género. p. 135
Comisión de verdad tendrá una participación equitativa de hombres y mujeres. p. 137←22 | 23→
En el componente justicia del SIVJRNR habrá participación equitativa de hombres y mujeres. p. 167 (168)
Fortalecimiento organizaciones de mujeres. Estímulos a la economía solidaria deben incluir apoyo especial a las mujeres rurales para promover su capacidad organizativa. p. 28
Asistencia técnica y legal extraordinaria para organizaciones de mujeres. p. 42
Abrir espacios en medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales para divulgación del trabajo de organizaciones de mujeres. p. 46
El Pacto Político nacional incluirá a las organizaciones de mujeres. p. 80
En la ejecución de los planes integrales de sustitución de cultivos se priorizará a las organizaciones de mujeres. p. 110
Fortalecimiento participación de mujeres Mujeres participarán en espacios de resolución de conflictos sobre uso y tenencia de la tierra p. 18
Mujeres participarán en procesos participativos de formulación de los PDET. p. 18
Mujeres deben participar en supervisión de la asistencia técnica proporcionada. p. 29
Comisión para Estatuto de Oposición escuchará a organizaciones, incluidas organizaciones de mujeres. p. 39
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política procurará interlocución con mujeres. p. 37
En las instancias de participación ciudadana de los niveles local, municipal, departamental y nacional, se garantizará participación equitativa de hombres y mujeres. p. 43
Mecanismos de control y veeduría ciudadana contarán con participación efectiva de las mujeres. p. 48←23 | 24→
Participación ciudadana en la planeación democrática incluirá a las mujeres y propiciará su participación a pesar de barreras de cuidado p. 50
Promover presupuestos participativos en los que hagan parte las mujeres. p. 50
Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios contará con participación de mujeres p. 93
Las mujeres participarán en la formulación de planes de protección para territorios rurales. p. 93
Participación de las mujeres en la planeación, seguimiento y evaluación de planes integrales de sustitución de cultivos. p. 106

Como puede verse, solamente un número pequeño de medidas está orientado a mejorar la situación de las mujeres en las instituciones formales ya existentes y, por lo tanto, la efectividad de estas medidas depende de cómo logre implementarse el acuerdo y cuánto de él pueda implementarse. No es despreciable, sin embargo, la invitación a generar nuevos liderazgos a través de procesos de formación de mujeres y jóvenes.

Medidas de sensibilización hacia la violencia de género y discriminación de las mujeres

En línea con la preocupación general de propiciar una cultura de reconciliación en la que no estén estigmatizados quienes abogan por ideas de izquierda, en varios lugares en el acuerdo se establece que se trabajará en sensibilización y contenidos no discriminatorios (véase Tabla 1.4). De manera especial, sin embargo, se menciona el trabajo que debe hacerse en materia de violencia de género y discriminación. Adicionalmente se establece de manera directa que la violencia de género y la violencia sexual deben ser abordadas en distintos planes y programas.

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Tabla 1.4: Medidas de cambio cultural. Fuente: elaboración propia a partir de las medidas que se encuentran en el APH, identificadas por el grupo de trabajo GPAZ.

Medida Página
Medidas de sensibilización Medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales incorporarán en sus contenidos valores no discriminatorios y de respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. p. 47
Se promoverá la no estigmatización de grupos en condiciones de vulnerabilidad o discriminados como las mujeres. p. 47
Promover la reconciliación, la convivencia y la tolerancia, especialmente en las poblaciones más afectadas por el conflicto, teniendo en cuenta el impacto desproporcionado del conflicto sobre las mujeres. p. 47
Creación de un canal institucional para partidos y movimientos que contribuya a la promoción de una cultura democrática de paz y reconciliación y de valores no discriminatorios y de respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, así como la divulgación de los avances en la implementación de los planes y programas acordados en el marco de este Acuerdo. p. 55
Se adoptarán acciones para sensibilizar y guiar a la comunidad y a las instituciones para prevenir la estigmatización de los consumidores y las consumidoras, que tengan en cuenta de manera particular el impacto diferenciado en las mujeres y población LGBTI. p. 119←25 | 26→
Medidas de visibilización Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición En primer lugar, la Comisión deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del mandato que se describen más adelante, y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto del conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en género, entre otros. p. 131
No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes… el acceso carnal violento. p. 151
La Unidad contará con de un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual, y estipula que para la investigación de estos crímenes, se atenderán las disposiciones especiales sobre práctica de pruebas en la materia incluidas en el Estatuto de Roma. La Unidad de Investigación y Acusación podrá solicitar a otros órganos competentes del Estado o a organizaciones de derechos humanos y de víctimas, que informen respecto de hechos sobre los cuales no se cuente con información suficiente. En el marco de sus funciones y competencias, podrá solicitar la colaboración que entienda necesaria a la Fiscalía General de la Nación, así como establecer acuerdos de cooperación con esta. p. 168
El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a NO realizar en virtud del presente Acuerdo las siguientes acciones: Ejecutar actos de violencia o cualquier amenaza que ponga en riesgo la vida e integridad personal contra la población civil, especialmente aquellos por razón de género. p. 224
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En este tercer tipo de medidas es importante que la violencia de género hubiese sido incluida como una forma de discriminación histórica y que se entendiera que es parte fundamental de los cambios que se esperan en la cultura.

El impacto en el mediano y largo plazo

Para pensar el impacto del APH en el mediano y largo plazo es crucial entender su diseño. Aquí se propone que el diseño básico de la aproximación al género es del tipo de “mujer y desarrollo,” pero esto se combina con una visión de la violencia contra las mujeres como fenómeno cultural más amplio y ligado a la violencia política, que debe ser abordado a través de campañas culturales y judicialización.

Mujer y desarrollo en el APH

La aproximación de Mujer y Desarrollo surgió inicialmente como respuesta a la pregunta por los resultados que las mujeres habían obtenido de los programas de desarrollo desplegados por las agencias de cooperación de los países del norte global. Se le adjudica a Ester Boserup el haber puesto sobre la mesa que el rol de las mujeres en el desarrollo había venido siendo invisibilizado y necesitaba ser tenido en cuenta al momento de asignar recursos.8 La aproximación se fortaleció con la creación de divisiones y subdivisiones de Mujer y Desarrollo y la asignación de recursos específicamente para las mujeres. Esta aproximación ha sido criticada por su mirada integracionista y poco crítica de los discursos del desarrollo. Por una parte, ha supuesto que el ideal es que las mujeres se dediquen a hacer lo mismo que los hombres para tener los mismos recursos que estos. Por otra parte, ha partido de una mirada neoclásica o neoliberal del desarrollo en el que se privilegia el modelo de modernización y se marginan las cuestiones de economía política global e interna. También se le ha denunciado por no hacer a las mujeres del tercer mundo partícipes de las políticas y programas que terminan afectándolas.

En el caso del APH no nos encontramos frente a una agencia de cooperación ni se utiliza la expresión del desarrollo. No obstante, el esquema utilizado es claramente uno de “agregar a las mujeres y revolver” en cuanto ninguna de las propuestas aborda una visión de desarrollo en la que se interrogue el género como motor del subdesarrollo, ni se espera ir más allá de una mirada neoliberal del desarrollo agrario. En efecto, el APH está estructurado en torno a una visión de acceso y productividad a la tierra que no se distingue fácilmente del modelo de distribución de tierras actualmente existente. Exige ←27 | 28→la formalización y la asignación de baldíos, y aunque establece cuotas precisas y exige unos apoyos que en el pasado se han demorado en llegar o no han llegado nunca, sigue suponiendo que la propiedad y explotación de la tierra es lo que puede mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el campo. En esta línea, invita a que se priorice a las mujeres y madres cabeza de familia por su vulnerabilidad frente a la pobreza, pero no transforma la mirada hacia el campo. De la misma manera, en temas de educación, seguridad social y protección, indica que se tenga en cuenta a las mujeres para que tengan el mismo acceso que los hombres, pero no va más allá del esquema actualmente existente para la integración no sólo de las mujeres sino de los trabajadores del campo.

En materia de participación política, el APH también parecería esperar que se adicione a las mujeres a las fórmulas preparadas por los expertos, misiones, ejecutivo y Congreso. Aunque la visión de la participación política, como se dijo antes, es transformadora y no se limita a las instituciones formales, sino que demanda que los hombres y mujeres en el campo participen en los procesos, la insistencia en que se “agregue” a las mujeres a estos espacios sin transformarlos desde una perspectiva de género es notoria. En la mayoría de las medidas, de hecho, no se va más allá de una formulación vaga de promover la representación o participación equitativa de hombres y mujeres. Algunas de las medidas transformadoras de la política desde una visión de género incluyen el establecer reglas sobre horarios de trabajo y financiación de campañas, así como transparencia en elección de candidatos y asignación de recursos. Ninguna de estas medidas se vislumbra como posible en el marco de lo propuesto. La instancia especial de género ya replica la idea de que las expertas de género verán lo “marginal” o “especial” que tiene que ver con las mujeres y no que tendrán a su cargo la traducción general de los acuerdos siguiendo una perspectiva de género. Si fuera lo segundo, su poder y cantidad de trabajo serían verdaderamente desmesuradas.

Ahora bien, no habría que subestimar el efecto de las medidas relacionadas con educación de las mujeres rurales, asignación a las mujeres rurales de recursos relacionados con el cuidado de los niños y asignación de recursos para fortalecer a las organizaciones de mujeres en el campo. Aunque el esquema en el que esto aparece es integracionista, estas medidas podrían empezar a sesgar la tendencia y generar posibilidades de transformación desde las mismas mujeres en un futuro. Una verdadera propuesta feminista podría apostarle a estos aspectos en relación con el empoderamiento de la mujer rural, confiando en que si los hombres logran sacar adelante sus reformas agrarias, en todo caso arrastrarán a las mujeres con ellos pero sabiendo que las posibilidades de éxito de este tipo de reformas es muy baja. Es decir, en ←28 | 29→lugar de esperar a que se logren las reformas relacionadas con la propiedad, las feministas podrían potenciar estas medidas de transformación del campo para que las mujeres logren una asignación de recursos independiente de lo que ocurra finalmente con la tierra.

La violencia contra la mujer como fenómeno cultural vinculado a la violencia política

El énfasis que hace el acuerdo en la sensibilización y formación en relación con la violencia de género, así como los mandatos que se hacen a los medios de comunicación en este sentido, revelan una creencia en que la violencia contra la mujer es un fenómeno principalmente cultural y vinculado a la violencia política. En este caso, interesantemente, se involucra a toda la sociedad colombiana en los planes y programas propuestos, no solamente a las víctimas ni solamente a las mujeres más vulnerables, y se confía en que los esfuerzos relacionados con la transformación social propuesta se lograrán principalmente con mensajes televisivos y radiales y con la judicialización de los perpetradores.

De esta manera, la visibilización de la violencia de género en el trabajo de los distintos componentes del SIVJRR, la prohibición de conceder amnistías e indultos por delitos relacionados con el sexo, la prohibición explícita de incurrir en actos de violencia de género en el proceso de dejación de armas y la obligación de utilizar metodologías de investigación especiales para la violencia sexual, se pueden ver como medidas encaminadas a lograr el gran cambio cultural de advertir a potenciales perpetradores de la importancia que culturalmente se le asigna a la violencia de género y, particularmente, a la violencia sexual.

No existe evidencia de que el impacto de estas dos estrategias, de medios y de judicialización, haya sido positivo y significativo. El caso de los Estados Unidos, donde más recursos se han invertido en la judicialización, es evidencia exactamente de lo contrario. En parte esto se ha atribuido a que estas miradas de la violencia como un fenómeno cultural dejan de lado las conexiones de la violencia con la economía política de los hogares, el funcionamiento del derecho de familia y la producción de la erotización de la dominación por los medios de manera constante.

Desde un punto de vista feminista, no obstante, parece una gran oportunidad el que se exija entregar tiempo al aire a las organizaciones de mujeres y que se demande tener aproximaciones a la violencia de género como vinculada a la violencia política. Estos espacios podrían ser aprovechados para empezar a trabajar en los patrones de erotización de la dominación (la objetualización ←29 | 30→de la mujer) y para transmitir mensajes sobre el derecho de familia que sirvan para empoderar a las mujeres en sus relaciones.

El valor normativo del Acuerdo de la Habana: perspectivas feministas

En este capítulo he propuesto valorar la manera en la que el Acuerdo de Paz de la Habana introdujo el enfoque de género como enfoque transversal, como lenguaje incluyente y como medidas concretas a aplicar en la fase de implementación. He explicado que el compromiso político del gobierno colombiano y de la guerrilla de las FARC quedó plasmado en el principio de equidad de género, y en su renuencia a renunciar a este principio frente a los ataques de los grupos fundamentalistas. La versión definitiva del APH que fue aprobada por el Congreso colombiano en 2016 incluye 217 medidas que están lejos de ser mera poesía. Al menos 100 de estas medidas son exigencias concretas de protección a las mujeres, de participación política y de sensibilización y visibilización de la violencia de género. Y aunque en general no son medidas que hagan una apuesta transformadora de la equidad de género, si pueden ser apropiadas para lograr resultados valiosos para las mujeres. Esta apropiación, no obstante, tiene dos dimensiones. La primera es la política. Supone no solamente un compromiso de las organizaciones de mujeres con el proceso de paz sino su capacidad de llegar a acuerdos sobre lo fundamental. Por ahora esos acuerdos no parecen ser explícitos y el compromiso con el proceso de paz tampoco. La debilidad misma de las organizaciones y la importancia de otros temas en su agenda son dos elementos que definitivamente hay que tener en cuenta.

La segunda dimensión es la jurídica. Aquí lo que está en juego es la pregunta por el valor normativo del Acuerdo mismo, es decir, la pregunta por el carácter vinculante del Acuerdo para las partes y en particular para el gobierno colombiano. Este fue también uno de los puntos de discordia en relación con su aprobación popular. Para muchos de los líderes del “no” en el plebiscito, el que el Acuerdo se considerara vinculante para el gobierno colombiano era problemático porque equivalía a haberle concedido a la guerrilla de las FARC capacidad de constituyente. El artículo 4 del acto legislativo 01 de 2016,9 decía efectivamente que el Acuerdo se consideraría un Acuerdo Especial a la luz de los Convenios de Ginebra y que haría parte del bloque de constitucionalidad, imponiéndose como parámetro de interpretación en la fase del desarrollo normativo e implementación del mismo. Este artículo fue derogado por el acto legislativo 02 de 2017,10 que ya no menciona el bloque de constitucionalidad ni los Convenios de Ginebra y se limita a señalar que aquellas ←30 | 31→normas del acuerdo que corresponden a desarrollos del derecho internacional humanitario o a derechos fundamentales serán parámetro de interpretación y referente de validez para las normas que se dicten en desarrollo del Acuerdo. Dada la manera en la que está formulada, no parecería haber dudas que lo que se dice en relación con el enfoque de género y los derechos de mujeres y población LGBTI es de carácter vinculante en cuanto parámetro de interpretación y validez por tratarse estos de derechos fundamentales. En este sentido, no cabría dudas que en el examen de constitucionalidad que realice la Corte Constitucional de las medidas expedidas en desarrollo del acuerdo, debe tener especial cuidado de verificar que se materializan los compromisos que aparecen en el Acuerdo.

La pregunta más difícil en relación con las obligaciones derivadas del Acuerdo es la de las omisiones: ¿está el gobierno obligado por el Acuerdo a expedir ciertas normas o apropiar ciertos recursos? ¿Cuáles consecuencias se seguirían de no llevar a cabo estas acciones? En el caso de las medidas identificadas aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría si no se crean las guarderías rurales, no se afilia a las trabajadoras campesinas a la seguridad social o se deja de dar becas a las jóvenes en zonas rurales? El acto legislativo 02 de 2017 contiene la siguiente afirmación:

Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.11

La elección de palabras en este parágrafo es diciente. Parecería que al expresar que la obligación es de “buena fe” se estuviera enfatizando que no es una obligación legal. En este punto habría que recordar, sin embargo, que lo opuesto de lo vinculante no es aquello que se debe cumplir de buena fe, ya que la buena fe es característica que debe poderse atribuir a cualquier actuación, sobre todo del Estado.12 De otro lado, sin embargo, pareciera que el Acuerdo excede en parte lo que el gobierno estaba autorizado para negociar. En tal caso podríamos estar más cerca de lo que en la doctrina colombiana se ha interpretado como obligaciones “naturales.”

En efecto, el gobierno se basó en dos tipos de autorizaciones para negociar con las FARC su desmovilización y reintegro a la vida civil. En primer lugar, la autorización general que se deriva de la calidad del Presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas y su deber de mantener el orden público en el territorio nacional y restablecerlo cuando se encontrara turbado.13 En segundo lugar, las autorizaciones especiales contenidas en el acto ←31 | 32→legislativo 01 de 201214 (también conocido como Marco Jurídico para la Paz) y en las leyes 418 de 199715 y la ley 1779 de 2016.16 El primero, establece la posibilidad de que mediante leyes estatutarias se cree un procedimiento especial y sanciones especiales para el juzgamiento de delitos relacionados con el conflicto armado. Las segundas, determinan las posibilidades concretas de movilizar o retirar tropas y suspender órdenes de captura durante el período de negociación. Como puede verse, ninguna de estas autorizaciones tiene que ver explícitamente con tres de los seis puntos en torno a los cuales se organiza el Acuerdo y que son centrales para la agenda de género: Reforma Agraria, Erradicación de Cultivos Ilícitos y Participación Política. Así que una interpretación sería que al referirse a la obligación de cumplir de buena fe con lo acordado se quería hacer mención del hecho de que no sería vinculante, pero si deseable desde un punto de vista moral cumplir con lo consignado allí. Siguiendo con el punto de vista de la mayoría de la doctrina colombiana, de otra parte, una vez cumplidas las obligaciones contenidas en el Acuerdo no podría repetirse lo pagado o demandarse una devolución. La obligación entendida inicialmente como moral se habría convertido en estrictamente civil para todos los efectos relevantes.

Esta interpretación podría sustentar en parte el trabajo de las mujeres por lograr la implementación del Acuerdo, pero sería problemática por varias razones. La primera razón es que deja en manos de las autoridades, y del gobierno en particular, decidir cuánto trabajo quiere hacer en el tema de género. Por ahora, no ha sido claro que quiera hacer mucho y probablemente los gobiernos posteriores quieran hacer menos. De lo que se ha hecho en el primer año poco ha mostrado un efectivo interés y compromiso en materia de género. Poco de lo que ya se ha hecho sería susceptible de ser reclamado como algo que no puede devolverse. Más allá de esta razón práctica o de equilibrio de fuerzas políticas, la solución es problemática por razones lógicas: si lo que la Constitución se propone es su propia supervivencia, limitar así las autorizaciones en materia de negociación de paz equivale prácticamente a buscar su destrucción. Si el gobierno está autorizado para negociar, parecería demasiado limitado que lo único que pudiera hacer fuera mover tropas o prometer procesos o sanciones especiales. Esta sería una versión del conflicto que supone que lo único en juego es la capacidad militar o estratégica, o que cualquier negociación de otros elementos debe seguir el cauce de la “refundación” del Estado. Estas restricciones parecen dejar pocas herramientas efectivas para la superación del enfrentamiento dentro del marco institucional y ponernos en la situación de no reconocer el enfrentamiento como meramente político u obligarnos a renunciar al marco institucional existente para abordarlo.

←32 | 33→

Una manera de superar esta paradoja de las autorizaciones, la paradoja de la institucionalidad que aboga por su propia destrucción, sería integrar en el debate las autorizaciones que para el gobierno derivarían de la calidad de suprema autoridad administrativa que tiene el Presidente de la República. Si el Acuerdo tuviese carácter vinculante para el gobierno en calidad de acto administrativo, podría exigirse su cumplimiento mediante la acción prevista en el artículo 87 de la Constitución y regulada por la ley 393 de 1997.17 En este caso, de acuerdo con la ley, habría que solicitar el cumplimiento y luego acudir al juez si frente a la insistencia la administración no avanza. Demostrar esta renuencia de la administración, sin embargo, ha resultado muy difícil para los particulares hasta ahora. El caso más patente fue el de la ley 581 de 200018 que establecía cuotas para mujeres en los altos cargos de la administración y que el Consejo de Estado decidió no imponía verdaderas obligaciones a sus destinatarios. La ley 393 de 1997 en su artículo 18 además limita la acción a casos en los que no se afecta el gasto. Aquí podría decirse que ello no ocurre porque la afectación del gasto para el posconflicto ya fue decidida por el legislador ordinario pero la interpretación particular de la restricción estaría por verse.

En suma, a la luz de la determinación de derogar el artículo que preveía que el Acuerdo tendría carácter vinculante y reemplazarlo por uno que establece que será un parámetro de interpretación y validez, se restaron posibilidades de exigir que las medidas de género incluidas en el Acuerdo se materialicen. En la actualidad tendríamos dos rutas para interpelar a la administración en este punto: (1) alegar que una vez realizada la acción requerida un nuevo gobierno no puede arrepentirse; y (2) usar la acción de cumplimiento para exigir que el gobierno haga lo que debe hacer en términos de género en virtud de que el Acuerdo tiene carácter de acto administrativo —si bien sui generis. Claro, siempre podemos renunciar a que el Acuerdo sea jurídicamente vinculante y volver al marco jurídico de la normalidad donde muchas cosas están garantizadas ya a las mujeres.

Notas

  1. Las dos principales redes de individuos y organizaciones de trabajo e incidencia en materia de conflicto armado son la Ruta Pacífica de Mujeres y la Iniciativa Mujeres por la Paz. Un excelente recuento de su trabajo y sus logros en materia de incidencia pueden encontrarse en: María Eugenia Ibarra Melo, “Mujeres, verdad, justicia y reparación en Colombia,” Universitas Humanística 72, no. 72 (2011): 247–273, https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2154. Sobre la movilización feminista en materia de conflicto armado ver también: Helena Alviar García e Isabel Cristina Jaramillo Sierra, Feminismo y Crítica Jurídica ←33 | 34→(Bogotá: Universidad de los Andes y Siglo del Hombre, 2013), capítulo 5; Isabel Cristina Jaramillo Sierra, “Finding and Losing Feminism in Transition: The Costs of the Continuum Hypothesis for Women,” en Governance Feminism: Notes from the Field, eds. Janet Halley, Prabha Kotiswaran, Hila Shamir y Rachel Rebouché (Michigan: University of Minnesota Press, 2019).

  2. “Comunicado conjunto 82. Enfoque de género en acuerdos de paz de la Habana,” Equipo Paz Gobierno, 24 de julio de 2016, http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/comunicado-conjunto-82-enfoque-genero-acuerdos-paz-habana-cololmbia.aspx.

  3. Los comunicados conjuntos pueden consultarse en: http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/comunicados-conjuntos-gobierno-farc-ep.aspx.

  4. De parte del gobierno participaron María Paulina Riveros, Mónica Cifuentes y Nigeria Rentería. Aunque las tres mujeres tenían una trayectoria en el gobierno y en temas de paz y derechos humanos, ninguna tenía entrenamiento en género. Ver: https://lasillavacia.com/.

  5. “¿Por qué se confunde ideología de género con equidad de género?” El Tiempo, 11 de noviembre de 2016, http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/equidad-e-ideologia-de-genero-en-el-acuerdo-de-paz-34069.

  6. GPAZ se formó el 3 de octubre de 2016 para articular esfuerzos tendientes a “salvar” el enfoque de género en los Acuerdos de Paz. Participan en esta iniciativa organizaciones de mujeres, organizaciones LGBTI, defensoras de derechos humanos y académicas. La autora de este capítulo ha trabajado en GPAZ desde la fecha de su creación.

  7. Pueden consultarse, entre muchos, los manuales producidos por el Consejo Nacional Contra la Discriminación y el Instituto de Mujeres de México: CONAPRED, 10 recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje (México: Textos del Caracol, 2009), http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/11.2_Diez_recomendaciones_para_el_uso_no_sexista_del_lenguaje__2009.pdf; Claudia Guichard Bello, Manual de comunicación no sexista. Hacia un lenguaje incluyente (México: Instituto Nacional de las Mujeres, 2015), http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf.

  8. Ester Boserup, Women’s Role in Economic Development (London: Earthscan, 1989). Un buen recuento de los debates sobre la mujer y el desarrollo económico en América Latina puede encontrarse en: Helena Alviar, Derecho, desarrollo y feminismo (Bogotá: Universidad de los Andes, 2012).

  9. Acto legislativo 01 de 2016, 7 de julio de 2016. Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Diario Oficial 49927.

10. Acto legislativo 02 de 2017, 2 de mayo de 2017. Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Diario Oficial 50230.

11. Acto Legislativo 02 de 2017, artículo 1, inciso 2.

12. Constitución Política de Colombia, artículo 83.

13. Constitución Política de Colombia, artículo 189.

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14. Acto legislativo 01 de 2012, 31 de julio de 2012. Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 48508.

15. Ley 418 de 1997, 26 de diciembre de 1997. Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 43201.

16. Ley 1779 de 2016, 11 de abril de 2016. Por medio de la cual se modifica el artículo 8° de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014. Diario Oficial 49841.

17. Ley 393 de 1997, 30 de julio de 1997. Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política. Diario Oficial 43096.

18. Ley 581 de 2000, 31 de mayo de 2000. Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 44026.

Referencias

Acto legislativo 01 de 2012. 31 de julio de 2012. Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 48508.

Acto legislativo 01 de 2016. 7 de julio de 2016. Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Diario Oficial 49927.

Acto legislativo 02 de 2017. 2 de mayo de 2017. Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Diario Oficial 50230.

Alviar García, Helena. Derecho, desarrollo y feminismo. Bogotá: Universidad de los Andes, 2012.

Alviar García, Helena, e Isabel Cristina Jaramillo Sierra. Feminismo y Crítica Jurídica. Bogotá: Universidad de los Andes y Siglo del Hombre, 2013. Capítulo 5.

Boserup, Ester. Women’s Role in Economic Development. London: Earthscan, 1989.

Conapred. 10 recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje. México: Textos del Caracol, 2009. http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/11.2_Diez_recomendaciones_para_el_uso_no_sexista_del_lenguaje__2009.pdf.

Constitución Política de Colombia. 1991.

El Tiempo. “¿Por qué se confunde ideología de género con equidad de género?” 11 de noviembre de 2016. http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/equidad-e-ideologia-de-genero-en-el-acuerdo-de-paz-34069.

Equipo Paz Gobierno. “Comunicado conjunto 82. Enfoque de género en acuerdos de paz de la Habana.” 24 de julio de 2016. http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/comunicado-conjunto-82-enfoque-genero-acuerdos-paz-habana-cololmbia.aspx.

Guichard Bello, Claudia. Manual de comunicación no sexista. Hacia un lenguaje incluyente. México: Instituto Nacional de las Mujeres, 2015. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf.

Ibarra Melo, María Eugenia. “Mujeres, verdad, justicia y reparación en Colombia.” Universitas Humanística 72, no. 72 (2011): 247–273. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2154.

Jaramillo Sierra, Isabel Cristina. “Finding and Losing Feminism in Transition,” en Governance Feminism: Notes from the Field, editado por Janet Halley, Prabha Kotiswaran, Hila Shamir y Rachel Rebouché, 434–478. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2019.

Ley 393 de 1997. 30 de julio de 1997. Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política. Diario Oficial 43096.

Ley 418 de 1997. 26 de diciembre de 1997. Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 43201.

Ley 581 de 2000. 31 de mayo de 2000. Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 44026.

Ley 1779 de 2016. 11 de abril de 2016. Por medio de la cual se modifica el artículo 8° de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014. Diario Oficial 49841.

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2. La lucha por el género en la paz

Helena Alviar García

Uno de los temas que logró movilizar a la oposición al acuerdo de paz en Colombia, fue el de la equidad de género. Para la derecha, el tratado iba a imponerle a la sociedad colombiana la mal llamada ideología de género, un concepto maleable que incluía todo lo que fuera en contra del papel tradicional de las mujeres en la sociedad, a entender las diferencias entre hombres y mujeres como una construcción social y a aceptar las familias no heterosexuales. Uno de los opositores más vocales, el ex procurador Alejandro Ordoñez resumió sus ideas en una entrevista a la Revista Semana días antes del plebiscito diseñado para refrendar los acuerdos:

Ordóñez aseguró que tenía razones morales para votar que No en el plebiscito, pues “desde la Habana se están diseñando políticas públicas basadas en esa concepción para rediseñar en nuestro ordenamiento jurídico, la familia, el matrimonio, el derecho a la vida y la libertad religiosa. Están utilizando la misma metodología que tenían con la cartilla de educación sexual del Ministerio de Educación que pensaron que podría pasar de contrabando.”1

Poco después de sus declaraciones, académicos, medios de comunicación y negociadores negaron esta afirmación.2 Sin embargo, el daño estaba hecho y a los pocos días, por un pequeño margen el NO ganó el plebiscito.3

Este artículo hace un balance del tratado de paz con las FARC, específicamente en relación con el género. Mi argumento principal es que en la batalla por la redistribución de recursos y poder en la transición, ganó la visión más conservadora de entender la inequidad de género. Esta visión conservadora solo entiende a las mujeres como reproductoras, madres y cuidadoras; está aferrada a las características biológicas como constitutivas de la diferencia, y promueve una visión superficial de la igualdad formal. Independientemente de su origen conservador, cuando esta perspectiva irradia el diseño de leyes y políticas públicas, las mujeres tienen menos acceso a los recursos si no quieren ←37 | 38→ser reproductoras, madres o cuidadoras; la población LGBTI pierde pues queda por fuera del binario biológico y la distribución de recursos sigue más o menos intacta pues la igualdad formal no transforma el acceso a los recursos materiales.

Para adelantar este objetivo, el texto tendrá la siguiente estructura. La primera parte describe brevemente las divisiones ideológicas al interior del liberalismo y conservatismo en Colombia. Luego, se presenta una crítica a la idea de que el acuerdo marcaba un quiebre fundamental específicamente en relación con la incorporación del género a la política pública. La tercera parte expondrá los temas generales que contenía el acuerdo en relación al género. Esta sección terminará exponiendo los cambios que fueron exigidos por la oposición y que fueron finalmente incorporados. El capítulo termina con un balance acerca de lo que se perdió en términos de distribución de recursos en relación con el género.

Breve mapa de las divisiones políticas

La reacción contra el proceso de paz fue el producto de un proceso que llevaba más de 10 años. Las victorias que alcanzaron los grupos de centro, así como el ala más progresista del partido liberal, en relación con el otorgamiento de derechos a las víctimas, las reparaciones, así como la inclusión de la perspectiva de género se percibían con horror por los conservadores. En esta sección se describen a grandes rasgos las diferencias ideológicas entre liberales y conservadores, así como sus divisiones interiores.

En general, los liberales colombianos se dividen en dos grupos. En el centro, están aquellos profundamente arraigados en el neoliberalismo. Teóricamente, el neoliberalismo defiende la idea de que los individuos deben ser los principales agentes económicos y que el motor de distribución de recursos debe ser el mercado. Por lo tanto, para los neoliberales, la meta de la política social debe ser ayudar a los individuos a entrar a este.4 Como consecuencia, los servicios sociales son diseñados de acuerdo con la verificación de características individuales y particulares, en oposición a diseñar políticas públicas para la clase trabajadora. Un ejemplo concreto de un instrumento para el diseño de políticas públicas neoliberales es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales colombiano (el Sisbén), que clasifica a la población a través de un puntaje de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. Este puntaje sirve al estado para identificar “de manera rápida y objetiva a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, para focalizar la inversión social y garantizar que esta sea asignada a quienes más lo necesitan.”5 Para acceder al Sisbén, se debe realizar una aplicación a una ←38 | 39→encuesta y un encuestador encargado va a la vivienda de la persona solicitante para verificar que ésta cumpla con los requisitos para acceder a los beneficios.6 De acuerdo a un documento de política pública del gobierno colombiano, “Como índice de estándar de vida, el Sisbén III especifica un conjunto de bienes, servicios y características del hogar que son considerados valiosos por la sociedad.”7

Para efectos de este texto me concentraré en los efectos que esta manera de aproximarse a la política social tuvo sobre la prestación de servicios a las víctimas. Esta descripción es relevante por dos razones. En primer lugar, pues entiende a los individuos como los agentes responsables de poner en marcha la prestación de servicios esenciales como salud, servicios públicos, saneamiento básico, educación y vivienda entre otros. En segundo lugar, pues lo que se incluye y excluye dentro de la definición de víctima no solo es artificial, sino que estar incluido o no dentro del registro de víctimas distribuye importantes recursos.

De esta forma, el Registro Único de Víctimas incluye a las victimas individuales a las que se refiere el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.8 Una víctima, de acuerdo con esta ley, es quien “haya sufrido un daño por hechos ocurridos a partir de enero de 1985 como consecuencias de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno,”9 el cónyuge o familiar en primer grado de víctimas mortales o personas que hayan sufrido daños al intervenir para auxiliar a una víctima en peligro. La norma excluye, sin embargo, a los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, salvo cuando se hayan desvinculado del grupo siendo menores de edad (excluyéndolos de ser víctimas, incluso, por los daños que sufrieron estando vinculados y siendo menores), excluye a los familiares de los miembros de grupos armados organizados por daños sufridos por los miembros de mismo grupo (pero no por el daño sufrido en sus derechos directamente); y excluye también a quienes sean víctimas de actos de delincuencia común. Por último, la norma aclara que quienes hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes de 1985 no tiene derecho a medidas de reparación individualizadas, aunque si como parte del “conglomerado social.”10

El nivel de particularización incluye registrarse en una base de datos pública, el Registro Único de Víctimas. Para ser elegible para entrar a esta base de datos deben someterse a una entrevista y presentar pruebas de haber sufrido una grave violación de derechos humanos. Hacer parte de la base de datos es obligatorio para poder acceder a los subsidios de vivienda o salud, oportunidades de empleo, capacitaciones laborales, y acceso privilegiado a escuelas ←39 | 40→públicas, dentro de otras provisiones de seguridad social. El proceso para acceder al Registro y a los beneficios opera en dos fases separadas. Primero, las personas víctimas en los términos de la ley deben dirigirse ante una oficina del Ministerio Público y “(…) declarar los hechos victimizantes por los cuales haya pasado junto a su núcleo familiar.”11 Segundo, la declaración es valorada por la Unidad para las Víctimas durante 60 días hábiles y la información provisionada por los solicitantes es comparada con la información que tenga la entidad sobre hechos violentos. Finalmente, la entidad toma una decisión y la entidad genera una resolución de inclusión o no inclusión.12

Dentro de los liberales también se encuentran los progresistas de centro/izquierda, a quienes llamaré intervencionistas. Para los intervencionistas, entrar al mercado es importante, claro, pero lo más importante es corregir la exclusión histórica de quienes se encuentran en los márgenes y crear los instrumentos legales que promuevan la igualdad, entre ellos la acción afirmativa o las leyes de cuotas, entre otros. La ley de víctimas es un ejemplo perfecto que incluye tanto la visión neoliberal de diseñar política social (como lo describí anteriormente) y los objetivos de los intervencionistas de corregir las exclusiones que habían sufrido las víctimas en general y las mujeres entre ellas. Esta intervención era especialmente importante en el 2010, luego de 8 años de un gobierno de derecha que había silenciado el sufrimiento y la crueldad de la guerra, argumentando que en Colombia no había un conflicto armado sino terrorismo contra el estado.

La derecha se ha opuesto a cada uno de estos proyectos. Al comienzo, esta oposición no fue tan fuerte y estructurada, pero en los últimos años parece haber tomado a los liberales de centro, así como los intervencionistas por sorpresa y, en mi opinión, desprevenidos.

La fuerza de la oposición puede rastrearse a dos diferentes ramas del conservatismo. La primera, que llamaré conservatismo moral, es progresista en términos de distribución de recursos y extremadamente rígida en términos de la definición de la familia, su rol en la sociedad y la forma como debería estructurarse. Esta particular combinación es un producto de las ideas de la Iglesia Católica en términos de solidaridad (en relación con la distribución de recursos) alineada a su firme defensa del matrimonio heterosexual, así como el lugar y el rol de la mujer en el hogar.

La segunda rama, que llamaré derecha radical, es conservadora tanto en términos económicos como morales. Su agenda es impedir la distribución económica y social a toda costa y preservar los valores cristianos tanto en la sociedad como en la familia. Una manifestación legal de este tipo de conservatismo fue la expedición de la Ley 790 de 2009 al inicio del gobierno de Álvaro Uribe. Esta ley consagraba un llamado retén social, que consistía en ←40 | 41→otorgar una protección acentuada a las madres cabeza de familia sin alternativa económica; a personas en situación de discapacidad, y a personas próximas a retirarse en situaciones en las que por reformas institucionales quedaban “desprotegidas y cesantes laboralmente,”13 uniendo inexorablemente, la protección laboral a las mujeres a la maternidad.

Un ejemplo relacionado con la ley de víctimas fue la defendida por la bancada de la U, entonces liderada por el ex presidente Uribe, durante la discusión de la Ley de víctimas en el Congreso. El ex presidente sostenía que “estaba a favor de la reparación de víctimas” siempre y cuando “no se le abra espacio de legitimación al terrorismo; no se den herramientas de agitación para invasiones ilegales de tierras, y no se nivele a los miembros de las Fuerzas Armadas con los terroristas.”14 Para el ex presidente las provisiones que causarían esos efectos eran el reconocimiento explícito del conflicto armado y que los procesos de restitución violaran la seguridad jurídica y el derecho a la defensa de los tenedores de buena fe.15 Los reparos a la ley venían, sin embargo, también del interior del gobierno: el entonces ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry “insistía en que era imposible hacer un cálculo exacto del costo de la ley y rogaba a los congresistas mantenerse en un marco de sostenibilidad fiscal. Y, en segundo lugar, apretar tuercas de algunos artículos para evitar que se le abrieran cráteres al fisco.”16

Incluyendo a las mujeres: de la igualdad a la perspectiva de género

En Colombia existe una larga tradición feminista liberal. El artículo 43 de la Constitución colombiana establece la igualdad entre hombres y mujeres y en desarrollo de esta disposición, se han pasado una cantidad de leyes que van desde el acceso equitativo a la propiedad rural, la igualdad salarial, la criminalización del acoso sexual, la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, una ley de cuotas para altos cargos públicos entre muchas otras. Adicionalmente, las cortes del país han decidido un gran número de casos relacionados con diversas formas de discriminación que las mujeres enfrentan en el lugar de trabajo y en sus hogares.17 Tanto la cláusula que exige la igualdad como las leyes y fallos que la desarrollan, tienden a ver la diferencia en términos biológicos, no como una construcción social y como consecuencia la solución a la inequidad en términos de derechos y no inclusión.

Sin embargo, en relación con los antecedentes de la transición, tanto el fallo emblemático sobre la población desplazada de la Corte Constitucional como la Ley 1448 de 2011 definen los términos de la inclusión como políticas de trato diferencial. El término trato diferencial18 fue creado no solo para ←41 | 42→acoger el género en vez del sexo, sino también como un medio para tomar en cuenta otras circunstancias, tales como raza, etnicidad y edad, que necesitaban ser tenidas en cuenta al diseñar políticas públicas para las víctimas de la guerra. Así, por ejemplo, en la sentencia T- 602 de 2003, la Corte estableció que:

la atención a la población desplazada debe basarse en acciones afirmativas y en enfoques diferenciales sensibles al género, la generación, la etnia, la discapacidad y la opción sexual. Las medidas positivas, entonces, deben estar orientadas a la satisfacción de las necesidades de los grupos más vulnerables, tales como los niños, los adultos mayores o las personas discapacitadas.19

De la misma forma, el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011 establece el principio de enfoque diferencial que “reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad,” y, de manera similar, en el capítulo medidas de rehabilitación establece que el acompañamiento psicosocial debe hacerse teniendo en cuenta la perspectiva de género.20 En efecto, la exposición de motivos de la Ley de Víctimas cuando todavía era proyecto de ley señala:

Para el Gobierno Nacional es claro que, si bien es cierto que los derechos de todas las víctimas deben ser reconocidos y garantizados con criterios de igualdad, también es importante reconocer que en el contexto colombiano no puede predicarse una igualdad lineal, pues existen particulares realidades que fundamentan la gestación de regulaciones tendientes a hacer efectiva la igualdad real, en virtud del cual debe tratarse de la misma manera a los iguales, así como debe darse trato diferente a los desiguales.21

Por otra parte, y en relación con el género en la transición, los liberales intervencionistas empiezan argumentando a favor de la inclusión de las mujeres para corregir la discriminación histórica y prevenirla en el futuro. Sin embargo, a medida que el proceso de negociación avanza el discurso se aleja del feminismo liberal y se estructura como inclusión de género. Por ejemplo, la ONG Dejusticia un par de años antes de las negociaciones produjo un documento que ilustra esta posición:

A pesar de que los estándares jurídicos que inspiran y orientan la justicia transicional invocan a las víctimas, no siempre toman en consideración sus realidades, expectativas y menos aún los aportes que pueden realizar. Esto ocurre, por ejemplo, con las mujeres víctimas de violaciones a los derechos humanos que se encuentran en las regiones, y se ven alejadas de la construcción de los procesos que pretenden lidiar con las atrocidades ocurridas en el pasado. (…) se propone enriquecer el enfoque dominante de la justicia transicional, con el fin de: incorporar perspectivas sensibles a los efectos diferenciados de la violencia en la vida de las víctimas, como el enfoque de género, y lograr una mejor articulación entre los procesos jalonados desde arriba y las realidades e iniciativas locales.22

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Junto con el énfasis en el enfoque diferencial, en los años anteriores a la negociación, se produjeron investigaciones que mostraban que la violencia y discriminación no estaba dirigida ni afectaba exclusivamente a las mujeres sino, que afectaba más aún, a la población LGBT.23

El trato diferencial también abrió la puerta para que Dejusticia defendiera, unos años después del documento citado arriba, que el género y no los derechos de las mujeres deberían ser el foco del programa de restitución de tierras:

el género puede ser relevante, en primer lugar, para entender la forma como las personas son afectadas de manera diferenciada por el conflicto, el desplazamiento forzado y el despojo; en segundo lugar, para dimensionar los obstáculos específicos o diferenciados que enfrentan las personas para acceder a la restitución.24

La batalla por el enfoque de género no fue, sin embargo, fácil. En agosto de 2016, por ejemplo, la ministra de educación Gina Parody, fue citada a un control político en el Congreso y eventualmente abandonó su cargo por un borrador de documento del Ministerio de Educación titulado “Ambientes escolares libres de discriminación.” El documento abordaba temas como identidad de género, orientaciones sexuales, familias homoparentales e identidades de género no hegemónicas.25 Su objetivo era acatar un mandato de la Corte Constitucional que había ordenado tomar medidas para que los colegios estuvieran libres de discriminación hacia los niños e incluía recomendaciones para propiciar ambientes incluyentes. El texto había sido desarrollado con la colaboración de Naciones Unidas e incluía recomendaciones crear ambientes incluyentes, tales como referencias a lenguaje. Acorde a un reportaje de CNN, el documento establecía que “no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a serlo, de acuerdo a la sociedad y época en la que se crezca.”26 Esto fue, lo que más adelante se conoció como “la ideología de género.” Un medio conservador describe “la doctrina ideológica del manual oficial del Ministerio” de la siguiente manera:

El contenido del documento denominado “Ambientes escolares libres de discriminación. 1. Orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la escuela,” a pesar de las declaraciones de la ministra, contiene numerosas afirmaciones de ideología de género de adultos, y explicitas sugerencias para incorporar temáticas de sexualización en niños.

Adicionalmente, el documento del ministerio asigna expresamente la eliminación de valores sociales básicos, muchos de los cuales tienen relación con la formación privada de los padres en los niños. En su página 40, el “Instructivo” del Ministerio expresamente manifiesta que se deben eliminar de los manuales frases como conservar en el estudiantado “la preservación de la moral y/o las buenas costumbres” debido a que “este tipo de expresiones dan lugar a interpretaciones ←43 | 44→y acciones que pueden llevar a la vulneración de derechos en el marco de construcciones socioculturales que han considerado un atentado contra las ‘buenas costumbres’, las {O.S} Orientaciones Sexuales e {I.S} Identidades de Género.

El documento, además, sugiere como normal los fenómenos de sexualización de niños, afirmando que, a pesar de la edad, los espacios educativos, no deben “aplicar barreras” a estudiantes que “viven y ejercen su sexualidad,” independientemente de la edad.

De esta misma forma, el manual abiertamente afirma, que existe una “hegemonía” de género, distinta a “quienes construyen identidades de género trans u orientaciones sexuales no heterosexuales,” lo que indicaría efectivamente que las relaciones LGTBI sí hacen parte de doctrinas o ideologías entre adultos.

El manual incluye expresiones directas a fenómenos de sexualización de niños independientemente de su edad, invitando a que, en los colegios, “es importante que en la escuela se entienda qué son las orientaciones sexuales (O.S.) y las identidades de género (I.G.) no hegemónicas, ya que al abordarlas se está permitiendo que las personas que las vivencian las puedan incluir en su proyecto de vida de una manera no culposa.” Hasta la fecha, sin embargo, se desconocen las razones por las cuales el Ministerio habría optado individualmente en imponer tales prácticas en los colegios, independientemente de los intereses y posiciones de los padres de familia de los niños que asisten a las instituciones de educación.27

Respecto a las cartillas, y luego de que el presidente Santos dijera que el Gobierno no promovía la ideología de género, el entonces Procurador General, Alejandro Ordóñez, declaraba que el Gobierno estaba “amenazando el ejercicio de los derechos que están en la naturaleza.”28 Al mismo tiempo, la Conferencia Episcopal Colombiana expresó en un comunicado lo siguiente:

Hacemos un llamado a las instituciones del gobierno colombiano para que oigan la voz de millones de personas, sin distinción de credo, que se están manifestando públicamente por todo el país, rechazando la imposición de una ideología. La Colombia que queremos construir debe acogernos a todos en armonía. No se debe permitir que una ideología en particular resulte determinando las reglas de convivencia de toda una sociedad.29

El proceso de paz

Marco general. Las negociaciones formales empezaron en La Habana, Cuba, en noviembre 15 del 2012. Las partes organizaron la agenda de discusión alrededor de seis temas: participación política, drogas ilegales, desarrollo agrario, derechos de las víctimas, fin del conflicto e implementación y verificación y firmas de los acuerdos. En junio de 2014, los términos de la reforma agraria fueron alcanzados y casi un año después, en septiembre de 2015, el acuerdo respecto a los derechos de las víctimas fue finalizado. Esta parte del acuerdo incluye las reparaciones y los términos del perdón por los crímenes ←44 | 45→cometidos tanto por los miembros de las FARC y por el ejército colombiano. El acuerdo final fue firmado el 26 de septiembre de 2016. Anteriormente, en junio, ambas partes habían decidido que se aprobaría por voto popular a través de un referendo.

Como lo señalé en la introducción a este texto, el referendo para validar el acuerdo de paz fue derrotado por un pequeño margen por aquellos que se oponían a él. Muchos partidarios del NO, como los llamó la prensa, representan la esencia de la derecha radical en el país. Se oponían ferozmente al contenido económico del acuerdo y a la inclusión de lo que vino a conocerse como ideología de género. También había obviamente otros reparos, relativos a la impunidad y la participación de las FARC en política, pero para efectos de este artículo me concentraré en lo que se acordó en términos de género, así como en los argumentos centrales de la derecha radical en su contra.

Género y Paz. Es un hecho que los negociadores fueron influenciados por las teorías de la construcción social de la identidad de género. Una ilustración perfecta es el Comunicado Conjunto 82 de la Mesa de Conversaciones, publicado en julio de 2016:

La inclusión de un enfoque de género en un proceso de paz como éste no tiene antecedentes en el mundo y busca fundamentalmente crear condiciones para que mujeres, y personas con identidad sexual diversa puedan acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de vivir en un país sin conflicto armado. En la Mesa de Conversaciones somos conscientes que las transformaciones que necesita el país para construir la paz, no podrán ser posibles sin una sociedad que reconozca y respete las diferencias y en donde queden en el pasado las estigmatizaciones y discriminaciones en razón del género.30

Ningún capítulo específico del acuerdo original abordaba directamente el género. Éste estaba más bien integrado en todo el documento y se incluye como uno de los conceptos que debería guiar su interpretación. El enfoque de género pretendía visibilizar la forma como diferentes normas o medidas afectan de manera diferenciada a personas de diferentes sexos y “permite reconocer y visibilizar las diferencias entre hombres y mujeres que se convierten en desigualdades y desventajas para las personas y que les limitan el ejercicio de los derechos humanos fundamentales.”31 Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador del gobierno, resaltó en una declaración en julio de 2016 que la Delegación del Gobierno había procurado que las discusiones fueran más allá de la concepción de género tradicional. Género, aclaró:

no hace alusión solamente a la mujer, pero si al impacto diferenciado de situaciones concretas sobre hombres y mujeres y personas LGTBI. Género es el respeto a la diferencia y a la particular condición en la individualidad. Es la posibilidad de convivir en armonía con la diferencia. Así lo refleja el acuerdo alcanzado ←45 | 46→en esta materia. Y es en tal sentido que entendemos que la vinculación del enfoque de género con la consecución de una paz firme en Colombia, tiene pleno sentido.32

De esta forma, la introducción del acuerdo que se votó el 2 de octubre de 2016 decía lo siguiente:

El Acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos; por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables, en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas; (…).33

El punto primero, relacionado con la Reforma Rural Integral contenía varias medidas orientadas a aliviar la pobreza y la desigualdad estructural, y facilitar la inclusión de estos grupos. El acuerdo decía:

el objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales, de manera que se logre en el menor plazo posible que los campesinos, las campesinas y las comunidades, incluidas las afro descendientes e indígenas, ejerzan plenamente sus derechos y se alcance la convergencia entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural, respetando el enfoque territorial, el enfoque de género y la diversidad étnica y cultural de las comunidades.34

Por otra parte, el acuerdo creaba un Sistema General de Información Catastral, integral y multipropósito que tendría “información desagregada por sexo/género y etnia, que permita, entre otros, contar con información sobre el tamaño y las características de los predios en manos de mujeres, su relación con la tierra y las formas de titulación.”35

A pesar del énfasis que se ha hecho hasta este momento en el enfoque diferencial, el acuerdo contenía medidas típicas del feminismo liberal. Por ejemplo, incluía el acceso privilegiado a subsidios y créditos por parte de las mujeres.36 Adicionalmente, se contemplaba la creación de una instancia que se encargaría de la “formulación de lineamientos generales de uso de la tierra, (…) construidos en el marco de las instancias de participación que contarán con representación equilibrada de hombres y mujeres.”37

De la misma forma, el punto de participación política contemplaba por ejemplo que “para fortalecer la participación ciudadana de las mujeres es necesario valorar sus agendas sociales y reconocer su aporte como sujetos políticos ←46 | 47→en la vida pública, en especial cuando se trata de la promoción y defensa de sus derechos;”38 y contemplaba, que para promover una cultura democrática se promocionarían los

valores democráticos, de la participación política y de sus mecanismos, para garantizar y fomentar su conocimiento y uso efectivo y así fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente, a través de campañas en medios de comunicación y talleres de capacitación. Se hará especial énfasis en las poblaciones más vulnerables, así como en la población campesina, en las mujeres, las comunidades indígenas y afrodescendientes y la población LGBTI.39

La campaña por el NO. Como se ha vuelto la regla y no la excepción en los debates políticos contemporáneos, los proponentes del NO basaron su campaña en claras mentiras. Estas mentiras iban desde afirmar que se iba a cambiar el himno nacional, a las más peligrosas afirmaciones según las cuales Colombia se convertiría en un satélite castro-chavista, los guerrilleros desmovilizados recibirían un salario de 1.800,000.00 pesos colombianos (alrededor de 600 dólares) o la eliminación de la propiedad privada. Una parte importante de la campaña consistió en una oposición frontal a lo que la derecha radical llamó la “ideología de género.”

La ideología de género vino a representar todo lo que iba en contra de las definiciones tradicionales católicas y cristianas de familia. Desde re-centrar las diferencias biológicas como las únicas aceptables entre hombres y mujeres, así como los roles tradicionales de hombres y mujeres en el hogar, hasta atacar el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Las siguientes citas de artículos en la Revista Semana, dan un sentido del ataque frontal e integral al término “género.”

…organizaciones religiosas y civiles que “defienden los derechos de la familia tradicional” aseguran que si los colombianos aprueban el acuerdo para le terminación del conflicto se impondría de forma “camuflada,” la llamada “ideología de género.”

(…)

“No hay derecho que un asunto tan importante como la terminación del conflicto lo mezclen con la ideología de género. En esas condiciones, y aun queriendo la paz para mi país, yo me siento moralmente impedida para votar por el Sí,” aseguró Ángela Hernández, diputada de Santander por el partido de la U.

(…) la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, (…) asegura que tras un detallado análisis de los comunicados de prensa conjuntos firmados en La Habana, de las declaraciones de los negociadores y de los documentos oficiales, la “ideología de género podría estar encriptada en el Acuerdo Final; no se advierte fácilmente, pero puede desvelarse.”

(…) la expresión enfoque de género en el acuerdo de paz tiene dos pretensiones. Por un lado, reivindicar los derechos de las mujeres y por el otro, ←47 | 48→promover “el reconocimiento de la población LGTBI como artífice y beneficiaria de políticas públicas.” Según ella, esto último implicará modificar “instituciones tan esenciales para la sociedad como el matrimonio, la familia, la adopción, el estado civil.”

(…) asegura que el enfoque de género de los acuerdos, busca “minimizar las creencias morales y religiosas” y además “restringir los derechos de libertad de conciencia y de libertad religiosa.” También toca un tema muy sensible: la educación. La procuradora delegada concluye que se promoverá entre los niños la idea de que “sean incluyentes y aprendan a ver en la diferencia que no se nace siendo hombre o mujer, sino que a través del ejercicio de la libertad cada quien construye su identidad de género y determina su orientación sexual.”

(…) En este punto la procuradora se pregunta si las medidas de salud sexual y reproductiva contemplarán temas como “la planificación familiar, el aborto, las técnicas de reproducción asistida, la esterilización y el cambio de sexo.”40

De manera similar, luego del referendo varios grupos conservadores radicaron en Presidencia peticiones de cambios en el Acuerdo. El “Grupo Significativo de Ciudadanos LIBRES, comité promotor inscrito por la opción NO” radicó un documento enfatizando la necesidad de centralizar a la familia en los acuerdos:

La familia debe ser reconocida como la primer víctima del conflicto nacional y como institución fundamental en la construcción de la paz (…) Un inmenso destrozo del núcleo principal de nuestra sociedad, registra Colombia hoy después de medio siglo de conflicto, y si ahora este va a ser superado entonces el ESTADO tiene el deber y la obligación de recomponer y reedificar LA FAMILIA como núcleo fundamental de la sociedad (…) Al establecer el enfoque transversal en FAMILIA, en reemplazo del enfoque de género propuesto en los acuerdos, se garantiza la inclusión efectiva e indiscutible de todos los colombianos y se ofrece un marco más amplio de encuentro y reconciliación, favorable y necesario en la posterior etapa del postconflicto nacional.41

Por otra parte, el Pacto Cristino radicó un documento de 85 páginas, titulado “Propuesta de Modificación, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” en la que sugirió en cada una de las apariciones de las palabras “enfoque de género” o LGBTI modificaciones al texto repitiendo varias veces como justificación que no había necesidad de reiterar el enfoque de género en el texto del acuerdo y sugiriendo que el acuerdo podría estar, con ellos, sustituyendo la Constitución:

Proponemos la modificación por considerar que el enfoque diferencial en términos de población está integrado en la primera parte del texto, y dado que ya se integra la Población LGBTI en este enfoque inicial, no sería lógico volver a referenciar posteriormente en el texto. Por otra parte, y teniendo en cuenta que será integrado como Constitución misma se debe tener presente no desbordar ←48 | 49→la orden Constitucional presente a tal punto que se surta una sustitución de la Constitución (…).42

Así mismo, el Consejo Evangélico Colombiano radicó un documento en el que argumentó lo siguiente:

Concluimos que sí existe “Ideología de Género” en el Acuerdo de la Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC, porque: i. La definición del “Enfoque de Género” en los textos del Acuerdo está proyectando una relación de hombre-mujer; en garantía de los derechos de las mujeres. Sin embargo, en la transversalización de dicho enfoque se evidencia un nivel conceptual adicional que incluye y emplea términos como: “diversidad de género, orientación sexual diversa, identidad de género, entre otros;” desbordando así su aplicación garantista al derecho de la mujer y generando ambigüedad y confusión. ii. (…) En consecuencia, el enfoque y la perspectiva de género entre otros términos, vienen siendo utilizados como herramientas por las cuales se pretende modificar la idiosincrasia y la institucionalidad colombiana, distorsionando el propósito original de la defensa y la promoción de los derechos humanos de las mujeres, y poniendo en riesgo la familia, respetando el derecho del libre desarrollo de la personalidad de las personas LGBTI.43

Un artículo de la BBC, publicado a los pocos días del triunfo del No, señala que, de acuerdo a Edgar Castaño, presidente de la Confederación Evangélica “El acuerdo vulnera algunos principios de los evangélicos (…) La familia, por ejemplo, cuando se habla de equilibrar los valores de la mujer con los de los grupos LGBTI. (…) Castaño fue uno de 14 representantes de iglesias cristianas recibido este martes por el presidente Juan Manuel Santos (…) Al salir, explicó que específicamente se habló del tema del ‘enfoque de género’ en el acuerdo. (El presidente) muy abiertamente nos ha dicho: ‘Vamos a revisar eso, vamos a sacar todo aquello que amenace a la familia, que amenace a la iglesia y vamos a buscar una frase, una palabra, que no les dé temor a los creyentes’.”44

El mismo artículo señala el tipo de frases y expresiones que preocupaban a los grupos evangélicos. Estas eran, por ejemplo, expresiones como “que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género,” “que se promueva la equidad de género mediante la adopción de medidas específicas para garantizar que mujeres y hombres participen y se beneficien en pie de igualdad de la implementación de este acuerdo,” o “Reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas (…) incluyendo personas con orientación sexual e identidad de género diversa.”45

Todos estos ataques se tradujeron en una transformación del acuerdo. De acuerdo al jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, en lo referente al género se incorporaron más del 90% de las propuestas del “No”.46

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Del enfoque de género se pasó a una concepción binaria y biológica del género: hombre y mujer. Varios de estos cambios afectaron la participación plena de las mujeres y las personas LGBTI en el modelo económico. Se eliminaron así las expresiones “enfoque diferencial y de género” y “diversidad de género” en el mismo apartado de la introducción que se presentó antes, sustituyéndolas por el reconocimiento de la primacía de los derechos inalienables de la persona, y el reconocimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Se mantuvo, sin embargo, su mención en la implementación:

El Acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos y colombianas. El Acuerdo Final reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona como fundamento para la convivencia en el ámbito público y privado, y a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y los derechos de sus integrantes. La implementación del Acuerdo deberá regirse por el reconocimiento de la igualdad y protección del pluralismo de la sociedad colombiana, sin ninguna discriminación. En la implementación se garantizarán las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y se adoptarán medidas afirmativas en favor de grupos discriminados o marginados, teniendo en cuenta el enfoque territorial, diferencial y de género.47 (Cursivas fuera del texto original)

Lejos de ser el único caso, según el periódico El Tiempo, fueron 56 los cambios en el acuerdo renegociado, casi todos “eliminado el fantasma de la ideología de género y expropiación.”48 Así, en varias secciones que se hacía referencia a la igualdad de género o enfoque diferencial, se alteró el texto para referirse a “las necesidades de las mujeres” o la “igualdad entre hombres y mujeres.”49 El apartado relativo a la Participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios pasó de decir, por ejemplo, que “los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, deben contribuir a la participación ciudadana y en especial a promover (…) el reconocimiento de las diferentes identidades étnicas y culturales, la igualdad de género, la inclusión política y social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de la democracia,”50 a decir “el reconocimiento de las diferentes identidades étnicas y culturales, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la inclusión política y social…”51 (cursivas fuera del texto original).

Por otra parte, en el apartado relativo a las funciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición el apartado que determinaba que “la Comisión (…) promoverá un ambiente de diálogo y creará espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad, y en general se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro, la cooperación y la ←50 | 51→solidaridad, la justicia social, la equidad de género, y una cultura democrática que cultive la tolerancia, promueva el buen vivir (…)”52 a “(…) y en general se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro, la cooperación y la solidaridad, la justicia social, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y una cultura democrática (…)”53

En el capítulo de Reforma Rural Integral también se eliminó del todo la expresión “enfoque de género” así como en los considerandos del Acuerdo que hacen referencia a este apartado. Se pasó entonces, de aclarar que la Reforma Rural Integral “debe lograr la gran transformación de la realidad rural colombiana, que (…) asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía con un enfoque de género y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto (…)”54 a que ésta debe asegurar “el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto.”55 Adicionalmente, se excluyó el género como uno de los parámetros para desagregar la información del Sistema General de Información Catastral; se sustituyen “género” y “orientación sexual e identidad de género diversa” por “pertenencia a grupos en condiciones de vulnerabilidad” en los apartados relativos a las medidas diferenciadas del enfoque territorial y de promover medidas para la superación de la pobreza que “deberán tener enfoque de género para hacer frente a las necesidades de las mujeres en el campo,” se pasó a promover medidas “específicas y diferenciadas para hacer frente a las necesidades particulares de las mujeres en el campo y lograr la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres.” En relación con la oferta de servicios de salud se reemplazó “personas con orientación sexual e identidad de género diversa” por “grupos y personas en condiciones de vulnerabilidad;” se eliminó el término “perspectiva de género” en el parágrafo relativo a subsidios, generación de ingresos y en el parágrafo que relativo al Plan Nacional para la promoción de la comercialización de la producción campesina se cambió “perspectiva de género” por “medidas afirmativas” para empoderar mujeres rurales.56

Reflexiones finales

Este capítulo es un intento por recontar la historia del proceso de paz con las FARC enfatizando menos su aspecto fundacional y más su relación con las luchas por el poder y los recursos entre las élites gobernantes de Colombia. Esta narración alternativa busca entender tanto las diferencias entre el centro y la derecha, así como la vida inesperada que tomaron ideas progresistas del acuerdo. Por otra parte, el texto es un llamado a entender las consecuencias distributivas de la renegociación después del triunfo del NO. Cuando ←51 | 52→se enfoca la política pública como un asunto de derechos entre hombres y mujeres biológicamente diferenciados, los recursos se distribuyen a favor de quienes ejercen su sexualidad de la manera más tradicional, quienes forman una familia clásica y quienes ven la producción económica y la participación política en sus dimensiones más conservadoras.

Notas

  1. “El polémico video de Alejandro Ordóñez sobre la ideología de género y la paz,” Semana, 25 de septiembre de 2016, https://www.semana.com/nacion/articulo/alejandro-ordonez-habla-sobre-la-ideologia-de-genero-y-el-proceso-de-paz/495392.

  2. Véase por ejemplo Mauricio Albarracín, “La maquinaria homofóbica,” Dejusticia, 5 de octubre de 2016, https://www.dejusticia.org/column/la-maquinaria-homofobica y “Las mentiras sobre la ideología de género y el acuerdo de La Habana,” Caracol Radio, 30 de septiembre de 2016, http://caracol.com.co/radio/2016/09/30/nacional/1475252951_589578.html.

  3. “Colombia: ganó el ‘No’ en el plebiscito por los acuerdos de paz con las FARC,” BBC, 2 de octubre de 2016, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37537187.

  4. Véase: Helena Alviar García e Isabel Cristina Jaramillo Sierra, Feminismo y Crítica Jurídica (Bogotá: Universidad de los Andes y Siglo del Hombre, 2013), 86.

  5. “¿Qué es el Sisbén?” Departamento Nacional de Planeación, consultado el 25 de abril de 2018, https://www.sisben.gov.co/sisben/Paginas/Que-es.aspx.

  6. “¿Qué es el Sisbén?”

  7. “Documento Conpes Social 117,” Departamento Nacional de Planeación, 25 de agosto de 2008, https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/117.pdf.

  8. Decreto 1084 de 2015, 26 de mayo de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación. Diario Oficial 49523, artículo 2.2.2.1.1.

  9. Ley 1448 de 2011, 10 de junio de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 48096, artículo 32.

10. “Ley 1448 de 2011,” Artículo 3.

11. “Paso a paso para el registro,” Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, consultado el 25 de abril de 2018, https://www.unidadvictimas.gov.co/es/paso-paso-para-el-registro/13401.

12. “Paso a paso para el registro.”

13. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-460 del 18 de julio de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.

14. “Las tres tesis de Uribe derrotadas en la ley de víctimas,” Semana, 5 de noviembre de 2011, https://www.semana.com/politica/articulo/las-tres-tesis-uribe-derrotadas-ley-victimas/239645-3.

15. Semana, “Las tres tesis de Uribe.”

16. “¿Cuánto vale la ley?” Semana, 28 de mayo de 2011, https://www.semana.com/nacion/articulo/cuanto-vale-ley/240502-3.

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17. Véase: Helena Alviar García, “El derecho a la igualdad en la Constitución del 91,” El Tiempo, 30 de junio de 2011, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9768825.

18. “Ley 1448 de 2011,” artículo 13.

19. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-602 del 23 de julio de 2003. M.P. Jaime Araújo Rentería.

20. “Ley 1148 de 2011,” artículo 136.

21. Efraín Torres Monsalvo y otros, “Proyecto de ley número 107 de 2010 Cámara (ACUM. PL 85/10 – Cámara),” Comisión Primera Cámara de Representantes, 2 de noviembre de 2010.

22. Diana Esther Guzmán Rodríguez y Rodrigo Uprimny Yepes, “Justicia transicional desde abajo y con perspectiva de género,” Dejusticia, 15 de marzo de 2010, 2, https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_183.pdf.

23. Véase, por ejemplo: “Desplazamiento Forzado contra las Personas LGBT: Reflexiones para la Investigación e Implementación de Políticas Públicas,” Colombia Diversa, 2010, 140; en el mismo sentido un informe elaborado por la Comisión Colombiana de Juristas estableció entre el 2002 y el 2006, cerca de 400 personas con identidad de género y preferencias sexuales diversas fueron asesinadas o desaparecidas por miembros de grupos guerrilleros. “Colombia 2002–2006: Situación de Derechos Humanos y Derecho Humanitario,” Comisión Colombiana de Juristas, enero de 2007.

24. Diana Esther Guzmán y Nina Chaparro González, “Restitución de tierras y enfoque de género,” Dejusticia, no. 12 (2013): 14.

25. “Gina Parody irá a debate en el Congreso por polémica de las cartillas,” El Tiempo, 16 de agosto de 2016, http://www.eltiempo.com/vida/educacion/debate-a-gina-parody-en-el-congreso-por-cartillas-48361.

26. “Iglesia colombiana convoca a marcha contra ideología de género que ‘destruye a la sociedad’,” CNN Español, 10 de agosto de 2016, https://cnnespanol.cnn.com/2016/08/10/iglesia-colombiana-convoca-a-marcha-contra-ideologia-de-genero-pues-asegura-que-destruye-a-la-sociedad/.

27. “Revelan cartilla oficial de ideología de género que Ministra Parody buscaría ocultar acusando a la Procuraduría,” El Nodo, 9 de agosto de 2016, http://elnodo.co/parodymanual.

28. “ ‘Niegan lo evidente’: Ordóñez a Santos sobre supuesta cartilla de ideología de género,” Noticias RCN, 11 de agosto de 2016, https://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/niegan-lo-evidente-ordonez-santos-cartilla-orientacion-sexual.

29. “Iglesia colombiana convoca a marcha contra ideología de género que ‘destruye a la sociedad’,” CNN Español, 10 de agosto de 2016, https://cnnespanol.cnn.com/2016/08/10/iglesia-colombiana-convoca-a-marcha-contra-ideologia-de-genero-pues-asegura-que-destruye-a-la-sociedad/.

30. “Comunicado Conjunto 82. Enfoque de género en acuerdos de paz de La Habana,” Equipo Paz Gobierno, 24 de julio de 2016, http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/comunicado-conjunto-82-enfoque-genero-acuerdos-paz-habana-cololmbia.aspx.

31. Elvia Vargas Trujillo e Hilda Gambara D’errico, Evaluación de programas y proyectos de intervención. Una guía con enfoque de género (Bogotá: Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Psicología, CESO, Ediciones ←53 | 54→Uniandes, 2008), 1; Isabel Cristina Jaramillo, et al., “El acuerdo de paz desde el derecho a la igualdad y no discriminación en razón de ser mujer o ser persona LGBTI,” 26 de octubre de 2016, 2.

32. “Humberto de la Calle habla sobre la inclusión del enfoque de género en los acuerdos de paz,” Equipo Paz Gobierno, 24 de julio de 2016, http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/prensa/declaraciones/Paginas/humberto-calle-habla-sobre-inclusion-enfoque-genero-acuerdos-paz.aspx.

33. “Acuerdo de Paz con las FARC,” Presidencia de Colombia, 24 de agosto de 2016, 4.

34. “Acuerdo de Paz,” 10.

35. “Acuerdo de Paz,” 15.

36. “Acuerdo de Paz,” 12.

37. “Acuerdo de Paz,” 15.

38. “Acuerdo de Paz,” 31.

39. “Acuerdo de Paz,” 47.

40. “Ideología de género, el caballo de batalla del No al plebiscito,” Semana, 9 de Septiembre de 2016, https://www.semana.com/nacion/articulo/ideologia-de-genero-el-caballo-de-batalla-del-no-al-plebiscito/493093.

41. “Propuesta de enmienda al texto del documento: ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’,” Grupo Significativo de Ciudadanos LIBRES, comité promotor inscrito por la opción NO, 11 de octubre de 2016.

42. “Propuesta de modificación, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera,” Pacto Cristiano.

43. “Propuesta de ajuste de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP,” Consejo Evangélico Colombiano.

44. Natalio Cosoy, “El rol de las iglesias evangélicas en la victoria del ‘No’ en el plebiscito de Colombia,” BBC Mundo, 5 de octubre de 2016, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37560320.

45. Cosoy, “El rol de las iglesias.”

46. Natalio Cosoy, “Colombia: el gobierno y las FARC firman un nuevo acuerdo de paz,” BBC Mundo, 13 de noviembre de 2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37965381.

47. “Acuerdo de Paz,” 4.

48. “Nuevo texto elimina fantasmas de la ideología de género y expropiación,” El Tiempo, 13 de noviembre de 2016, http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/enfoque-de-genero-y-expropiacion-en-el-nuevo-acuerdo-de-paz-47032.

49. “Enfoque de género: ¿Al final que quedó en el nuevo acuerdo?” Semana, 27 de noviembre de 2016, http://www.semana.com/nacion/articulo/la-formula-del-nuevo-acuerdo-para-el-enfoque-de-genero/507070.

50. “Acuerdo de Paz,” 45.

51. “Acuerdo de Paz,” 41.

52. “Acuerdo de Paz,” 119.

53. “Acuerdo de Paz,” 4.

54. “Acuerdo de Paz,” 8.

55. “Acuerdo de Paz,” 10.

56. Semana, “¿Al final que quedó en el nuevo acuerdo?”

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Referencias

Albarracín, Mauricio. “La maquinaria homofóbica.” Dejusticia, 5 de octubre de 2016. https://www.dejusticia.org/column/la-maquinaria-homofobica.

Alviar García, Helena. “El derecho a la igualdad en la Constitución del 91.” El Tiempo, 30 de junio de 2011. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9768825.

Alviar García, Helena, e Isabel Cristina Jaramillo Sierra. Feminismo y Crítica Jurídica. Bogotá: Universidad de los Andes y Siglo del Hombre, 2013.

BBC. “Colombia: ganó el ‘No’ en el plebiscito por los acuerdos de paz con las FARC.” 2 de octubre de 2016. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37537187.

Caracol Radio. “Las mentiras sobre la ideología de género y el acuerdo de La Habana.” 30 de septiembre de 2016. http://caracol.com.co/radio/2016/09/30/nacional/1475252951_589578.html.

CNN Español. “Iglesia colombiana convoca a marcha contra ideología de género que ‘destruye a la sociedad’.” 10 de agosto de 2016. https://cnnespanol.cnn.com/2016/08/10/iglesia-colombiana-convoca-a-marcha-contra-ideologia-de-genero-pues-asegura-que-destruye-a-la-sociedad/.

Colombia Diversa. “Desplazamiento Forzado contra las Personas LGBT: Reflexiones para la Investigación e Implementación de Políticas Públicas.” 2010.

Comisión Colombiana de Juristas. “Colombia 2002–2006: Situación de Derechos Humanos y Derecho Humanitario.” Enero de 2007.

Consejo Evangélico Colombiano. “Propuesta de ajuste de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.”

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-602 del 23 de julio de 2003. M.P. Jaime Araújo Rentería.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-460 del 18 de julio de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.

Cosoy, Natalio. “Colombia: el gobierno y las FARC firman un nuevo acuerdo de paz.” BBC Mundo, 13 de noviembre de 2016. http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37965381.

Cosoy, Natalio. “El rol de las iglesias evangélicas en la victoria del ‘No’ en el plebiscito de Colombia.” BBC Mundo, 5 de octubre de 2016. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37560320.

Decreto 1084 de 2015. 26 de mayo de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación. Diario Oficial 49523.

Departamento Nacional de Planeación. “¿Qué es el Sisbén?”. Consultado el 25 de abril de 2018. https://www.sisben.gov.co/sisben/Paginas/Que-es.aspx.

Departamento Nacional de Planeación. “Documento Conpes Social 117.” 25 de agosto de 2008. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/117.pdf.

El Nodo. “Revelan cartilla oficial de ideología de género que Ministra Parody buscaría ocultar acusando a la Procuraduría.” 9 de agosto de 2016. http://elnodo.co/parodymanual.

←55 | 56→

El Tiempo. “Gina Parody irá a debate en el Congreso por polémica de las cartillas.” 16 de agosto de 2016. http://www.eltiempo.com/vida/educacion/debate-a-gina-parody-en-el-congreso-por-cartillas-48361.

El Tiempo. “Nuevo texto elimina fantasmas de la ideología de género y expropiación.” 13 de noviembre de 2016. http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/enfoque-de-genero-y-expropiacion-en-el-nuevo-acuerdo-de-paz-47032.

Equipo Paz Gobierno. “Comunicado Conjunto 82. Enfoque de género en acuerdos de paz de La Habana.” 24 de julio de 2016. http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/comunicado-conjunto-82-enfoque-genero-acuerdos-paz-habana-cololmbia.aspx.

Equipo Paz Gobierno. “Humberto de la Calle habla sobre la inclusión del enfoque de género en los acuerdos de paz.” 24 de julio de 2016. http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/prensa/declaraciones/Paginas/humberto-calle-habla-sobre-inclusion-enfoque-genero-acuerdos-paz.aspx.

Grupo Significativo de Ciudadanos LIBRES, comité promotor inscrito por la opción NO. “Propuesta de enmienda al texto del documento: ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’.” 11 de octubre de 2016.

Guzmán Rodríguez, Diana Esther, y Nina Chaparro González. “Restitución de tierras y enfoque de género.” Dejusticia, no. 12 (2013): 14.

Guzmán Rodríguez, Diana Esther, y Rodrigo Uprimny Yepes. “Justicia transicional desde abajo y con perspectiva de género.” Dejusticia, 15 de marzo de 2010. https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_183.pdf.

Jaramillo Sierra, Isabel Cristina, et al. “El acuerdo de paz desde el derecho a la igualdad y no discriminación en razón de ser mujer o ser persona LGBTI.” 26 de octubre de 2016.

Ley 1448 de 2011. 10 de junio de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 48096.

Noticias RCN. “ ‘Niegan lo evidente’: Ordóñez a Santos sobre supuesta cartilla de ideología de género.” 11 de agosto de 2016. https://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/niegan-lo-evidente-ordonez-santos-cartilla-orientacion-sexual.

Pacto Cristiano. “Propuesta de modificación, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.”

Presidencia de Colombia. “Acuerdo de Paz con las FARC.” 24 de agosto de 2016.

Semana. “¿Cuánto vale la ley?” 28 de mayo de 2011. https://www.semana.com/nacion/articulo/cuanto-vale-ley/240502-3.

Semana. “El polémico video de Alejandro Ordóñez sobre la ideología de género y la paz.” 25 de septiembre de 2016. https://www.semana.com/nacion/articulo/alejandro-ordonez-habla-sobre-la-ideologia-de-genero-y-el-proceso-de-paz/495392.

Semana. “Enfoque de género: ¿Al final que quedó en el nuevo acuerdo?” 27 de noviembre de 2016. http://www.semana.com/nacion/articulo/la-formula-del-nuevo-acuerdo- para-el-enfoque-de-genero/507070.

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Semana. “Ideología de género, el caballo de batalla del No al plebiscito.” 9 de Septiembre de 2016. https://www.semana.com/nacion/articulo/ideologia-de-genero-el-caballo- de-batalla-del-no-al-plebiscito/493093.

Semana. “Las tres tesis de Uribe derrotadas en la ley de víctimas.” 5 de noviembre de 2011. https://www.semana.com/politica/articulo/las-tres-tesis-uribe-derrotadas-ley- victimas/239645-3.

Torres Monsalvo, Efraín, et al. “Proyecto de ley número 107 de 2010 Cámara (ACUM. PL 85/10 – Cámara).” Comisión Primera Cámara de Representantes, 2 de noviembre de 2010.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. “Paso a paso para el registro.” Consultado el 25 de abril de 2018. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/paso-paso-para-el-registro/13401.

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3. Pactantes y no pactadas: mujeres en el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP (2012–2016)

Olga Patricia Velásquez Ocampo

Introducción

La pregunta sobre dónde están las mujeres en el marco de las negociaciones de paz en los conflictos, es frecuente en las últimas décadas.1 El conocimiento y aplicación del marco jurídico internacional permiten que este tipo de cuestiones sean tenidas en cuenta, y que la presencia de las mujeres sea indispensable para entablar puentes de dialogo que se traduzcan en acuerdos de paz.2

Hablar acerca de la participación de las mujeres en el Proceso de Paz entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC-EP supone adentrarse a una historia no contada.3 El anuncio del inicio de las negociaciones y el respaldo colectivo a la paz borró momentáneamente a las mujeres, y fue cuando estás empezaron a hacer ruido que fue posible escucharlas e incorporarlas. La inclusión de las mujeres no solo buscaba avanzar en la agenda de los derechos de las mujeres, sino que su presencia en la etapa de negociación, en general, tiene una repercusión directa en las posibilidades de éxito de un proceso de paz. Este texto se compone de tres partes: contexto del Proceso de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, clasificación de las categorías de mujeres que participaron del Acuerdo, y finalmente, los desafíos de su participación y logros cristalizados en el Acuerdo Final.

Christine Bell entiende el desarrollo de las negociaciones de paz en tres etapas, señalando que las mujeres afrontan desafíos y dificultades particulares para acceder a estos espacios, y los obstáculos que deben sortear para cambiar las agendas pre-acordadas en cada una de ellas. Es a partir de dicha categorización que propongo una cronología por etapas para el caso colombiano, ←59 | 60→la cual permitirá realizar los cortes necesarios para el análisis de las dinámicas presentes en los diferentes momentos de la negociación.4 A cada etapa corresponde un conjunto de estrategias desplegadas por los diferentes grupos de mujeres.

Cronología por etapas5

Fase 1: Encuentro Exploratorio sucedido en La Habana, Cuba entre el día 23 de febrero y el día 26 de agosto de 2012, culmina con el anuncio de la instalación de la Mesa de Conversaciones.

Fase 2: Anuncio de la instalación de la Mesa de Conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, Noruega, para luego continuar actividades en la capital cubana, culmina con el Plebiscito celebrado el 2 de octubre de 2016.

Fase 3: Plebiscito-Renegociación-Implementación. Inicio de la “transición” y la posterior implementación del Acuerdo.6

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Tabla 3.1: Cronología etapas proceso de paz en Colombia. Fuente: elaboración propia con base en información recolectada.

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En este texto me concentraré en dos etapas, la primera de pre-negociación y en un segundo momento, la etapa sustantiva/implementación, entendiendo la pre-negociación, en el caso colombiano, como los acercamientos entre las partes para buscar una salida negociada al conflicto; y la etapa sustantiva y de implementación, abarca los múltiples acuerdos que se dan dentro del proceso, desde el Acuerdo Marco hasta el Acuerdo Final.

Contexto

En este apartado propongo una construcción de los hechos empleando los relatos de las integrantes de la Subcomisión de Género, entrevistas, informes, noticias y comunicados sobre los diálogos de paz emitidos de manera conjunta por el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, en adelante FARC-EP, y comunicados de las organizaciones de mujeres, a partir de estas fuentes busco narrar el proceso de paz desde la presencia (o ausencia) de las mujeres en el mismo. Es necesario acudir a una construcción propia que indague por las mujeres, cuestionando los silencios de las partes involucradas en la negociación y las voces no escuchadas que reclamaban un espacio de participación.7

Para construir el contexto debo advertir que emplearé el término proceso de paz, diálogos de paz, negociación de paz de manera indistinta. Entendiendo el Proceso de paz8 como “el intento de acercar a las elites políticas y/o militares envueltas en un conflicto para alcanzar un acuerdo mutuo sobre cómo terminar el conflicto a través de medios no violentos (la palabra, el diálogo, ←63 | 64→la política) y de construir una paz estable y duradera, construcción que compromete a la sociedad en su conjunto.” y Acuerdo de paz como el documento final que se publica como producto final de un Proceso de paz.9

La exigencia de las mujeres de contar con un lugar en el proceso de paz era una demanda social con amparo jurídico,10 respaldada por el marco normativo internacional, de manera particular el cumplimiento de la CEDAW en lo que versa sobre la inclusión de las mujeres en los procesos de paz.11 El uso de la regulación internacional, tradicionalmente ha sido vista como una de las múltiples formas en que las mujeres buscan espacios de participación en procesos de paz en los que no han sido convocadas. Como afirma Anderson, las dinámicas transnacionales empleadas por las mujeres para entrar en la mesa de negociación se apoyan de herramientas de derecho internacional para reclamar un espacio en las negociaciones de paz.12 En Colombia, el reclamo no solo se fundamentaba en dichas normas sino en el marco jurídico interno el cual ya había adoptado las medidas internacionales. El uso del discurso de los derechos humanos, específicamente los derechos de las mujeres, se circunscribe a la literatura sobre mujeres y derechos humanos, y mujeres y procesos de paz.

La agenda internacional trazada en la resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas13 y desarrollada a través de posteriores resoluciones del mismo órgano, establecen la vocación que debe orientar las políticas públicas diseñadas para garantizar los objetivos fijados por la comunidad internacional. El marco conceptual conocido como “Women, Peace and Security” (WPS), la agenda WPS, está compuesta por las resoluciones 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW adoptó la Recomendación General No. 30 sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos. Dicho esquema reconoce que el conflicto ocasiona impactos significativos y gendered,14 haciendo énfasis en el impacto diferenciado que tienen las guerras en las vidas de hombres y mujeres, y son estas últimas, quienes están llamadas a ejercer un rol significativo en los procesos de paz y seguridad, al igual que en las instituciones, pero dicha participación debe ser integral, transversal y establecer a las mujeres como sujetos políticos, donde ellas son pactantes y no objetos del pacto de paz.

La agenda internacional exige la participación de las mujeres en todos los niveles de decisión donde se traten temas relacionados con la prevención o el fin de los conflictos, en las labores de construcción y sostenimiento de la paz. La agenda WPS reconoce que la ausencia del enfoque de género al buscar la terminación de un conflicto afecta los esfuerzos de la comunidad ←64 | 65→internacional para garantizar la paz y la seguridad.15 El fin último que buscan las mujeres cuando demandan un lugar en la mesa de negociación es concertar un acuerdo donde las dinámicas de género que dominaron el conflicto sean cuestionadas, y sea posible materializar cambios sociales orientados a conseguir la equidad de género.16 Las mujeres no son meras invitadas a la mesa, sus voces moldean un acuerdo de paz que apuesta por la creación de espacios y oportunidades para las mujeres. La participación de las mujeres en las negociaciones de paz tiene como resultado acuerdos exitosos:

los procesos de paz en los que participaban mujeres en calidad de testigos, firmantes, mediadoras y/o negociadoras registraban un incremento del 20% en la probabilidad de alcanzar un acuerdo de paz que perdurase, como mínimo, dos años. Este porcentaje aumenta a lo largo del tiempo, ya que la probabilidad de lograr un acuerdo de paz que dure 15 años crece un 35%.17

No obstante, el reconocimiento de la necesidad de incluir mujeres en los procesos de negociación de paz y las disposiciones internacionales sobre el tema, uno de los mayores desafíos es su participación efectiva en estos procesos, si bien a nivel global se ha presentado un incremento, este es marginal y poco significativo. Experiencias como las de Irlanda del Norte en 1998 y Somalia en el 2000,18 muestran como las mujeres son incluidas en diferentes etapas de los procesos de paz, pero son ellas quienes deben crear estrategias y buscar los medios para asegurar un lugar en la mesa.

Un estudio que analizó un total de 31 procesos de paz entre 1992 y 2011 reveló que solo un 9% del total de las personas negociadoras eran mujeres, un porcentaje insignificante dados los problemas que se abordan en ese tipo de procesos. Las mujeres representan tan solo un 3% del personal militar que participa en misiones de las Naciones Unidas. La mayoría de ellas trabaja como personal de apoyo. Hay dos esferas en las que resulta especialmente complicado que las mujeres participen en pie de igualdad y realicen una contribución significativa: el establecimiento de la paz y el mantenimiento de la paz.19

En Colombia, los Procesos de Paz entre el gobierno y diferentes grupos armados ha tenido una baja participación de las mujeres en las mesas de negociación.20 Como lo señala Virginia Bouvier:

En el período de 1990 a 1994, el gobierno de Colombia firmó acuerdos de paz con el EPL, el PRT, el MAQL y la CRS y entabló diálogos con el Partido Comunista y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. En acuerdos alcanzados con estos grupos, tan sólo una guerrillera fue signataria; el resto de signatarios —incluidos negociadores, testigos y garantes— fueron todos hombres. De igual modo, no hubo mujeres en las conversaciones que llevaron a la desmovilización de las AUC paramilitares en 2004. En las diversas conversaciones y diálogos exploratorios con el ELN que tuvieron lugar entre 2005 y 2007 o en ←65 | 66→los actuales que están teniendo lugar desde 2013, las mujeres apenas han tenido un papel visible.21

Esta baja participación de las mujeres dio un giro con los diálogos iniciados en La Habana, las mujeres exigieron y recibieron, al menos en la etapa sustantiva, la participación que demandaban y que les correspondía como sujetos del conflicto en Colombia. Transformar las palabras del mandato de la Resolución 1325 de UN en acciones, es aún 20 años después de su promulgación, un desafío.

Durante la fase exploratoria de la negociación entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, tres mujeres hicieron parte de esta etapa: Elena Ambrosi, y Lucía Jaramillo Ayerbe,22 quienes aparecen como testigos del Gobierno en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 26 de agosto de 2012, y Sandra Ramírez, como signataria de las FARC-EP. Sin embargo estas señales de inclusión se esfumaron en 2012, cuando el grupo de negociadores con poderes plenipotenciarios fue anunciado por el gobierno, integrado en su totalidad por hombres: (1) Humberto de la Calle Lombana, (2) Sergio Jaramillo Carno, (3) Frank Joseph Pearl, (4) General Retirado Jorge Enrique Moral Rangel, (5) Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, y (6) Luis Carlos Villegas.23 La composición cambió con la incorporación de Nigeria Rentería y a María Paulina Riveros en reemplazo de Luis Carlos Villegas.24 El anuncio de los diálogos fue recibido con beneplácito por amplios sectores del espectro político y social, a nivel nacional e internacional, sin embargo este grupo puramente masculino encendió las alarmas de las organizaciones de mujeres que llevaban años trabajando por una salida negociada al conflicto, además de una paz con ellas en el centro, no marginadas al lugar de espectadoras.25

En los escenarios públicos de la negociación los hombres fueron los protagonistas y tras bambalinas, las mujeres lideraron las mesas técnicas encargadas de preparar los insumos para los Acuerdos, Sergio Jaramillo hace referencia a la labor de las mujeres en el proceso:

No puedo dejar de mencionar a los muchos hombres y, sobre todo, mujeres de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz —eran, literalmente, la base del iceberg—, que hicieron la mayor parte del duro trabajo de preparar las propuestas todos los días hasta altas horas de la noche y, en general, de crear las condiciones para garantizar el éxito de la negociación en todos los frentes.26

Etapa sustantiva

Propongo como fecha de inicio de la etapa sustantiva el 18 de octubre de 2012, día del anuncio oficial de la instalación de la Mesa de Conversaciones ←66 | 67→inaugurada en la ciudad de Oslo, Noruega y que fue desarrollada en La Habana, Cuba durante el transcurso de casi cinco años, dicha negociación culminó con la firma del Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.27 Este contexto será reconstruido a través preguntas sobre ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde encontrarlas a lo largo de un proceso de negociación que tomó más de 4 años en producir un Acuerdo Final? ¿Cuáles son las formas y los mecanismos empleados por las mujeres para ser incluidas en la paz y reconocidas en roles diferentes a los de víctima en tiempos de guerra? ¿Quiénes fueron las mujeres que asistieron activamente al proceso? y finalmente, ¿Cómo nos enteramos de su presencia, de sus actividades, de sus logros?28

Dar respuesta a los interrogantes anteriores permite analizar un caso novedoso en la literatura relacionada con las negociaciones de paz y la presencia de mujeres en las diferentes etapas de dichos procesos. Después de los conflictos, tanto las naciones afectadas como los actores civiles, las instituciones internacionales, donantes externos, entre otros, procuran entender el papel que desempeñaron las mujeres durante la guerra. La pregunta acerca de la presencia de las mujeres conduce, desde lo político, a la promoción de la participación femenina en los diferentes aspectos que acarrean las políticas de postconflicto y la inclusión de un enfoque que tenga en cuenta a las mujeres a la hora de diseñar estrategias institucionales o cambios legales. Según Cahn, integrar la visión de género en los procesos de postconflicto significa:29

(1) Reconocer que el desarrollo sostenible requiere de la igualdad de género.

(2) El reconocimiento del derecho de las mujeres a participar en todos los aspectos de la transición.

Details

Pages
VIII, 316
ISBN (PDF)
9781433174049
ISBN (ePUB)
9781433174056
ISBN (MOBI)
9781433174063
ISBN (Book)
9781433174025
Language
Spanish
Publication date
2020 (August)
Published
New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Oxford, Wien, 2020. XIII, 316 p., 1 il. blanco/negro, 11 tabla/s

Biographical notes

Isabel Cristina Jaramillo Sierra (Volume editor)

Isabel Cristina Jaramillo Sierra es<B> </B>abogada (1997) de la Universidad de los Andes y doctora S.J.D. (2007) de Harvard Law School. Actualmente es profesora titular en la Universidad de los Andes donde enseña derecho constitucional, teoría jurídica y derecho de familia. Ha publicado varios libros sobre la reforma legal feminista y los efectos distributivos del derecho de familia en América Latina: Mujeres, Cortes y Medios: La reforma judicial del aborto (con Tatiana Alfonso Sierra) (2008); Feminismo y Crítica Jurídica (con Helena Alviar) (2012) y Derecho y Familia en Colombia. Historias de Raza, Sexo y Propiedad (2013).

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Title: Género en transición